Los vendedores de inmuebles y las inmobiliarias ya no deberán reportar las operaciones a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida, oficializada este jueves a través de la Resolución General 5697/2025 publicada en el Boletín Oficial, se basa en el "avance tecnológico" y el acceso a fuentes alternativas de información que, según el organismo, permiten verificar la situación fiscal sin necesidad de esa declaración.

“El grado de avance tecnológico alcanzado junto a la posibilidad de acceder a la información por otros medios, permiten a esta Agencia de Recaudación y Control Aduanero contar con la información suficiente a fin de asegurar la verificación oportuna de la situación fiscal de los ciudadanos”, aseguró la ex AFIP para fundamentar su decisión.

En sus dos primeros artículos (los otros dos son de forma), la breve norma abroga las resoluciones 2371/2007, 2415/2008, 2439/2008, 2506/2008 y 3101/2011, además de derogar artículos de las resoluciones 5220/2022 y 5315/2023, con el fin de exceptuar de la obligación de informar al organismo recaudador sobre “la negociación, oferta o transferencia a título oneroso de bienes inmuebles o de derechos sobre bienes inmuebles a construir -cualquiera sea su forma de instrumentación- ubicados en el país”.

Las normas abrogadas y derogadas dispusieron los procedimientos para obtener el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI) por parte de “los sujetos que realicen la negociación, oferta o transferencia de bienes inmuebles o de derechos sobre bienes inmuebles a construir, sea cual fuera su forma de instrumentación”, es decir inmobiliarias o vendedores de inmuebles en forma directa.

Esa obligación regía cuando el precio consignado en las operaciones o la base imponible para el pago de tributos “resulte igual o superior a $ 66.833.000”, equivalentes a USD 57.864.

La resolución de ARCA se inscribe en la serie de medidas anunciadas el jueves por el ministro de Economía, Luis Caputo, el director del organismo, Juan Pazo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en lo que se presentó como el “Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”, que el titular del Palacio de Hacienda remarcó que no se trata de un blanqueo, aunque se busca facilitar la incorporación al mercado formal de parte de los dólares fuera del circuito, estimados en por lo menos USD 200.000 millones.