La inversión que las provincias deben realizar en los servicios de Educación y Salud se vio afectada por los recortes que los sucesivos gobiernos nacionales fueron realizando a los recursos coparticipables desde la sanción de la ley en 1988, de acuerdo con un análisis realizado por el Centro de Estudios en Finanzas Públicas (Cefip) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

En un estudio realizado por los economistas Alberto Porto y Luciano di Gresia, se realizó un ejercicio contra-fáctico consistente en estimar qué habría sucedido si la Nación no hubiese detraído recursos de la masa coparticipable a distribuir entre las provincias según los criterios de la ley 23.548.

Con la aclaración que el análisis no puede tener en cuenta cuestiones relacionadas con la eficiencia en la utilización de esos recursos, los investigadores comprobaron que la inversión en Educación se hubiera podido incrementar en un 55% respecto de la efectivamente realizada, en tanto en el sector de Salud el aumento estaría en el orden del 140% y el gasto de capital hubiera sido un 117% mayor.

Pero el estudio revela un fenómeno que cobra especial interés en momentos en que el gobierno, los empresarios y muchos economistas manifiestan sus propósitos de avanzar en una reforma tributaria: si hubiesen contado con los recursos recortados por la Nación, podría avanzarse en la simplificación y reducción del impuesto a los Ingresos Brutos.

“El gasto en educación promedio anual del período 1988-2023 de 3,72% podría haber sido expandido a 5,77% del PIB con la incorporación de los fondos detraídos”, precisaron Porto y Di Gresia al evaluar “si se hubiera cumplido la ley (de Coparticipación) original, sin detracciones”, mientras que en el caso de la Salud, se habría podido elevar el gasto de 1,48% de promedio anual en ese período al 3,54% del producto.

Asimismo, en el caso del gasto de capital el promedio de 1,76% habría ascendido al 3,82% del producto y la recaudación de Ingresos Brutos de 2,75% “podría haber sido disminuida a 0,69% del PIB”.

Los economistas advirtieron que la denominada “distribución primaria” de la Coparticipación, consistente en el reparto de recursos entre la Nación y las provincias, “fue alterada por distintas vías a lo largo del tiempo, lo que tuvo un gran impacto sobre la participación correspondiente a los gobiernos provinciales en la masa coparticipable”.

Entre los principales factores que incidieron negativamente en las transferencias a las jurisdicciones subnacionales sobresalió la detracción del 15% de la masa coparticipable para financiar la transición del sistema previsional estatal al privado, que continúo a pesar de su reestatización y que llegó al máximo de afectación a las provincias con una quita equivalente al 3,57% del PBI en 2016.

Los recursos que las provincias hubieran podido destinar a diferentes servicios  

Además del perjuicio a las provincias, esas detracciones permitieron financiar la “expansión de gastos nacionales de dudosa racionalidad y dudoso impacto distributivo”, entre los que señalaron “jubilaciones sin aportes, subsidios de servicios públicos, burocracia”.

“La otra cara de estas detracciones es el menor gasto provincial en sus funciones específicas conectadas directamente con el bienestar de la población”, subrayaron.

Si bien Porto y Di Gresia admitieron que una mayor asignación de recursos para las provincias “es, per se, insuficiente para mejorar la provisión de bienes ya que se requiere que sean utilizados en forma eficiente”, puntualizaron que se los podría haber asignado a “funciones y servicios que constituyen bienes públicos y cuasi-públicos de los que depende la calidad de vida de las personas”.