El Gobierno puso en marcha el plan de “Desregulación 2.0” que implica “una revisión integral de la normativa legal del país”, por la cual los ministerios, secretarías, organismos descentralizados y de seguridad social deberán detallar toda la normativa atinente a sus competencias que pueda ser derogada o revisada, dentro de un conjunto de leyes, decretos, resoluciones y disposiciones que alcanzarían a unos 300.000 casos.

La medida está contemplada en el decreto 90/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, cuyo contenido había sido adelantado el viernes 14 de febrero por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, precisamente la autoridad de aplicación a quien se deberán remitir los informes en el término de 30 días.

 

De acuerdo con lo señalado por el funcionario en el primero de los dos posteos relacionados con el tema, “la Argentina, a grosso modo, tiene 27.000 leyes, 70.000 decretos digitalizados (hay previos solo en papel más difíciles de rastrear) y unas 200.000 resoluciones”, es decir casi 300.000 normas, sin contabilizar decisiones administrativas y disposiciones.

“Con 144 días restantes en las facultades delegadas, urge la revisión”, indicó.

 

 

Qué ordena el decreto

 

La medida obliga a los ministerios y sus dependencias, los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social (Anses y PAMI, entre las principales) a “realizar un relevamiento normativo con el objetivo de identificar las normas vigentes, y proponer la derogación de aquellas que resulten obsoletas, innecesarias o que encuadren dentro de los criterios establecidos en el artículo 3° del presente decreto”, en referencia a las que generen restricciones, sobrecostos o monopolios artificiales.

Los entes contarán con “30 días corridos” -es decir, hasta el 19 de marzo- para remitir a Desregulación “un informe de relevamiento”, especificando las leyes y decretos que hagan al ámbito de su competencia, detallando los motivos por los que se proponen su derogación o modificación.

Entre esas razones, el decreto señala que el objeto de la norma en cuestión “se encuentre cumplido o su plazo haya vencido”, resulte “obsoleta o redundante” o bien regula “trámites o registros innecesarios”.

Asimismo, deberá especificar si “la norma establece restricciones a la oferta de bienes y servicios, distorsiona los precios de mercado, impide la libre iniciativa privada o entorpece la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”, si genera “un sobrecosto en el sector productivo o escasez de bienes y servicios sin justificación en un interés público suficiente” o implica “la constitución de un monopolio artificial o barreras de entrada en actividades en las que es posible la libre competencia”.

 

El porqué del decreto

 

En el decreto firmado por el presidente Javier Milei y Sturzenegger, se fundamentó la medida por entender que “deviene pertinente proceder a una revisión integral de toda la normativa de la Administración Pública Nacional”, con el propósito de “reducir la carga administrativa y burocrática tanto para el gobierno como para los ciudadanos”.

 

De esa forma, se busca “lograr una gestión más eficiente de los recursos públicos y permitir que el Estado Nacional se enfoque en normativas relevantes y prioritarias, y brinde respuestas más rápidas y transparentes a los ciudadanos”.

“La eliminación de normas innecesarias contribuye a una mayor claridad en el marco legal, y facilita su interpretación y aplicación por parte de los ciudadanos y los operadores jurídicos, lo que reduce la ambigüedad y la incertidumbre jurídica”, completó.

 

Cómo será la tarea

 

Sturzenegger indicó en su segundo posteo que “por un lado, los ministerios van a revisar las leyes de su área, un trabajo abarcable y rápido” y por el otro, se les presentarán  "los 4.200 decretos ‘vivos’”, en alusión a los escogidos dentro de un total de 70.000.

“El análisis de la normativa no es necesariamente para ‘simplificar lo que está’ sino para preguntarse ¿para qué está esta norma? ¿La necesitamos? Y si la necesitamos ¿podemos escribirla focalizando solo en lo que se busca?”, explicó.

En ese orden, señaló que se está trabajando con las secretarías de Planeamiento Normativo y Legal y Técnica para armar “los digestos normativos de cada área, para que las normas estatales estén claras y sean fácilmente accesibles”.

 

“En el infierno sólo hay leyes”

 

Para fundamentar la medida, el ministro citó a quien fuera uno de los más connotados profesores de Derecho en Estados Unidos, Grant Gilmore (1910-1982), quien acuñó la frase “cuanto mejor sea la sociedad, menos leyes habrá”.

“En el cielo no habrá leyes, y el león se acostará con el cordero… Cuanto peor sea la sociedad, más leyes habrá. En el infierno, no habrá nada más que leyes, y se observará meticulosamente el debido proceso”, sostuvo Gilmore.