El Gobierno aprobó el reglamento del examen de idoneidad para empleados públicos: en qué consiste
El Ministerio de Desregulación aprobó la reglamentación para realizar los exámenes de idoneidad a empleados públicos nacionales. Con cuánto se aprueba y cómo son las evaluaciones
El Gobierno dio a conocer el “Reglamento para la Evaluación General de Conocimientos y Competencias” con el que examinará la idoneidad de los empleados públicos nacionales, que en una primera etapa comprenderá a quienes se desempeñen en reparticiones del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La medida se formalizó a través de la resolución 26/2024 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, publicada hoy en el Boletín Oficial, aunque ya había sido anticipada a mediados de octubre por el vocero de Presidencia, Manuel Adorni, y luego por el propio ministro, Federico Sturzenegger.
Los gremios que representan a los empleados públicos, en particular la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestaron su rechazo a la medida e incluso anunciaron informalmente iniciativas de boicot, como la de dar a conocer las respuestas por medio de parlantes.
La resolución incluye en un anexo el reglamento, que distingue a los empleados a examinar entre “profesionales” y “no profesionales” y además aclara que, en caso de no ser aprobado en una primera instancia, el agente tendrá hasta tres intentos por año calendario.
La calificación necesaria para la aprobación será de 60 puntos sobre un máximo de 100, el examen deberá ser presencial y el interesado no podrá contar con el auxilio de dispositivos electrónicos “con excepción de calculadora”, se especificó en el reglamento.
La evaluación tendrá una duración máxima de una hora y consistirá en preguntas de opción múltiple con una única respuesta correcta por pregunta.
La cantidad total de preguntas será de 24 para la categoría “profesionales” y de 20 para “no profesionales”.
El máximo de puntaje de la evaluación será de 100 y para su aprobación se deberá obtener un nivel no inferior a 60.
Ley de Bases y decreto de Duhalde
Entre los antecedentes normativos del examen se cita la ley de Bases 27.742, que faculta al Poder Ejecutivo a “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.
Pero además se remonta al decreto 1421/2022, dictado durante la Presidencia de Eduardo Duhalde, que dispuso que “sin perjuicio del régimen de selección que oportunamente se establezca para la acreditación de la idoneidad, y con carácter previo y obligatorio, se deberá aprobar una Evaluación General de Conocimientos y Competencias”.
El reglamento aclara que la aprobación del examen “es un requisito de carácter previo y obligatorio para el ingreso al régimen de empleo público” y que su realización “será de carácter presencial, anónima y digital”, por lo que se utilizará “un procedimiento para que cada persona evaluada solo pueda ser individualizada luego de su calificación”.
A los interesados, una vez confirmado el turno, se les enviará a un correo electrónico las credenciales del examen, cuya información es “de carácter personal, confidencial e intransferible”.
Aprobado o desaprobadoSi la evaluación es aprobada, dentro de los 3 días posteriores, se podrá descargar desde el portal web el “Certificado de Aprobación”, que será de carácter digital y tendrá un código alfanumérico único.
“Cada persona interesada podrá rendir hasta 3 intentos por año calendario. Por esta única vez, se tomará como año calendario desde la fecha de entrada en vigencia de la presente normativa hasta el 31 de diciembre de 2025”, se indicó.
Primera etapa del examen de idoneidadEl examen se implementará “en diversas etapas” , se efectuará “en las Jurisdicciones, organismos y dependencias de la Administración Pública Nacional”, es decir no incluye a las empresas públicas ni los fondos fiduciarios que quedan, y al principio se limitará a las dependencias dentro del AMBA.
Para que no haya dudas sobre el alcance geográfico, el artículo 2 de la resolución especifica que, además de la Ciudad de Buenos Aires, abarca a los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Belgrano, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín y Hurlingham.
También incluye a Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Lobos, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Merlo, Morón, Navarro, Pilar, Punta Indio, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, y Zárate.
Los cronogramas para las siguientes etapas serán informados en el sitio Argentina.gob.ar - “Sistema de Evaluación Pública (SEP)”.
Asimismo, se aclaró que están exceptuadas de realizar la evaluación las personas interesadas que acrediten Certificado Único de Discapacidad (CUD), “hasta tanto la Administración Pública Nacional adecúe las condiciones y materiales para garantizar la accesibilidad”.