El Gobierno dio a conocer dos nuevas medidas en su tarea para desburocratizar los trámites, en este caso para facilitar la actividad del transporte de cargas y las transferencias de dominio o la incorporación de un inmueble al régimen de propiedad horizontal, que requerían de certificados de deuda de la ya liquidada Obras Sanitarias de la Nación (OSN), hoy Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).

Las medidas se instrumentaron a través de los decretos 1109/2024 y 1110/2024, ambos publicados en el Boletín Oficial.

 

Transporte de cargas

En el primer caso, se simplifican y derogan una serie de artículos de la ley 24.653, que establece el marco normativo del sistema de transporte automotor de cargas y crea el Registro Único de Transporte Automotor (RUTA), en el que deben inscribirse los camioneros y sus vehículos “como requisito indispensable para el ejercicio de la actividad”.

De esa forma los requisitos de inscripción en el RUTA establecidos en el artículo sexto de la ley se reemplazan por uno nuevo en el que solo se indica que “el transporte de carga peligrosa por tener requisitos específicos se ajustará al régimen que se reglamente, de conformidad con la normativa de seguridad vial”.

Por otra parte, en el régimen de sanciones se excluyen del artículo 11 la suspensión temporal y la cancelación del permiso.

También se deroga parte del decreto 1035/2002, como la exigencia de presentar la constancia de inscripción en el RUTA y determinadas funciones del registro.

En el decreto se reconoce que el RUTA “tenía como objetivo evitar la precarización y la irregularidad” del transporte automotor de cargas y logística, pero también advierte que “solo impone cargas burocráticas que entorpecen la libre iniciativa y obstaculizan el ejercicio pleno de la actividad económica”.

En ese sentido, indica que exige “documentación que ya posee el Estado” y duplica “las facultades de fiscalización que ya tienen otros organismos”.

“La eliminación de este tipo de trabas es esencial para liberar las fuerzas productivas y permitir que los individuos puedan desplegar su potencial, sin que sea necesario requerir trámites injustificados en el Estado”, completó.

El Gobierno consideró que la inscripción en el RUTA “opera como una carga administrativa que genera un dispendio irracional de recursos públicos, duplicando estructuras burocráticas destinadas al análisis de documentación y a la gestión de inscripciones en un registro que carece de utilidad práctica”.

 

Obras Sanitarias

En el decreto 1110, se derogan los artículos 40 y 44 de la ley 13.577 de 1949, por la que se creó OSN, privatizada en 1992 y cuyas actividades hoy recaen en AySA.

El primero de los artículos impone el requisito de contar con un certificado de deuda de la entonces OSN para realizar una transferencia de dominio o la incorporación de un inmueble al régimen de propiedad horizontal o constitución de derechos reales.

En cuanto al artículo 44, dispone que las cuentas emitidas por OSN por tasas, contribuciones, recargos intereses o multas “tendrán fuerza ejecutiva y su cobro judicial se efectuará mediante el procedimiento de ejecución fiscal previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”.

 

Deudas de más de 30 años

El Gobierno consideró que la necesidad de expedir un certificado por “una deuda de más de 30 años, genera una burocracia innecesaria e injustificada que pesa sobre la economía en su conjunto”.

“La obligación legal de expedir un certificado que constate la inexistencia de deudas con la ex-OSN carece de sentido toda vez que las deudas que puedan existir no se encuentran identificadas o su cobro resulta de imposible persecución”, continuó.

Al respecto, un relevamiento en 2019 determinó la existencia de 28.723 deudas clasificadas como en “gestión judicial”, por un total de $78.103.035,01 y que se verificaron 154 juicios activos, ante una empresa que hacía 27 años había sido privatizada.