La subestimación de la pauta inflacionaria del proyecto de Presupuesto 2026 podría derivar en severos recortes en muchos gastos de la Administración Nacional si es que se pretende cumplir con la regla fiscal que prohíbe el déficit, ya que por movilidad previsional las jubilaciones tendrían incrementos nominales superiores a los estimados.

La advertencia fue formulada en un encuentro organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y deja en evidencia las complicaciones que pueden derivar de la elaboración de un cálculo de gastos y recursos desfasado de las variaciones reales, mientras el principal gasto estatal está ajustado automáticamente por inflación.

La exposición estuvo a cargo del presidente de ASAP, Gonzalo Lecuona; el vicepresidente, Güido Rangugni; el ex secretario de Hacienda, Ricardo Gutiérrez; y el ex director general de la Oficina de Presupuesto del Congreso y ex subsecretario de Presupuesto, Marcos Makon.

 

Números en discusión

El debate al torno a esa posible contradicción no es ocioso, si se tiene en cuenta que los números oficiales no solo difieren de lo estimados en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) sino del propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Al respecto, con una inflación estimada en 1,9% para septiembre, para que se cumpla con la pauta de inflación de 4,5% para 2025 prevista en el Presupuesto, el promedio de IPC mensual para el último trimestre no podrá exceder del 0,75%.

Por su parte, para 2026 el proyecto presentado el 15 de septiembre por el presidente Javier Milei estima una inflación de 10,1%, casi la mitad del 19,5% proyectado por el economistas y consultores que participaron del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) recopilado por el Banco Central.

Escenario optimista

“El escenario luce optimista, no parece realista, no solo en cuanto a la inflación sino también a la actividad”, acotó Rangugni, agregando de esa manera otro condicionante, ya que un crecimiento del PBI menor al proyectado también podría implicar ingresos impositivos inferiores a los previstos.

En las condiciones habituales, el desfase en las estimaciones de los denominados “supuestos macroeconómicos” no hubiera representado una complicación especial en la ejecución presupuestaria, ya que el mayor gasto que pudiera implicar el sector previsional no tendría que compensarse con recortes del mismo monto en otras partidas, aunque de esa manera se incurriría en un resultado fiscal deficitario.

Regla fiscal y jubilaciones

Pero en la Presidencia de Milei, tanto el proyecto de Presupuesto 2025 (finalmente no tratado en el Congreso) como el de 2026 incluyen una regla fiscal que limita los gastos a la disponibilidad de recursos, a fin de no terminar el ejercicio con déficit.

En ese sentido, Rangugni advirtió que “de verificarse la inflación del REM (9,4 puntos porcentuales más que la del proyecto de Presupuesto), el gasto previsional tendría un aumento mayor al previsto”, en tanto se mantenga el mecanismo de movilidad automática.

“Como se parte de un equilibrio (en el resultado financiero), entonces deberá operar la regla fiscal, es un escenario que parece probable”, señaló.

 

Por dónde pasarían los recortes

La incógnita a develar es en qué área o áreas se aplicarían esos recortes necesarios para cumplir con la regla fiscal, sólo evitable si, además del aumento del gasto, se da un incremento de los ingresos de igual o superior magnitud.

El recurso habitual de la mayoría de los gobierno en situaciones similares es el de operar la “motosierra” en el gasto del capital (principalmente obra pública), pero esa es una de las partidas que fue y sigue siendo blanco del ajuste del gobierno desde 2024, por lo que no queda demasiado margen de maniobra en ese flanco.

Del resto de los gastos, la mayoría es inflexible a la baja (remuneraciones del personal, transferencias automáticas, etc) y una inflación en desaceleración restringe las posibilidades de recurrir a la licuación en términos reales.

 

Los subsidios tampoco serían una de las variables para operar, ya que el grueso de los recortes ya se aplicó, al punto que se prevé que el gasto en la materia será en 2026 un 65,9% inferior al de 2023 a valores constantes.

La respuesta al interrogante se irá dando a lo largo de todo un año en el que deberá observarse con suma atención la evolución de la inflación mes a mes. Quizás de eso dependa la suerte de varias áreas de la Administración Pública Nacional.