Las tarifas de los servicios de energía eléctrica y gas natural de todo el país tienen importantes aumentos a partir de este sábado, pero también con la modificación de los criterios de subsidios a los usuarios de ingresos medios y bajos.

Así lo dispuso la Secretaría de Energía por medio de la publicación en el Boletín Oficial de más de treinta resoluciones, tanto a través de la propia repartición como también del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

El incremento promedio en la factura final es de 1,5% en el caso de la energía eléctrica (en el caso de los habitantes del AMBA, Edesur y Edenor) y de 1,6% para los del gas (MetroGAS y Naturgy BAN), aunque dentro de esos porcentajes podrá haber importantes variaciones en función de los consumos realizados.

En un comunicado, la Secretaría explicó que “unificó las bonificaciones sobre el precio de la energía correspondiente a usuarios de ingresos bajos (N2) y medios (N3)".

Rige un esquema de segmentación desde junio de 2022, en el que los usuarios de ingresos altos (N1) ya no cuentan con tarifas subsidiadas pero, además, los de ingresos medios y bajos tampoco los reciben en el caso de los consumos que excedan sus respectivos topes mensuales.

Los aumentos se inscriben en la política oficial de adecuarlos a la inflación general esperada para los próximos meses y se suman al de 1% dispuesto para el servicio de agua corriente en el AMBA, a cargo de AySA.

Energía explicó que los nuevos valores se resolvieron “a los fines de garantizar un suministro de gas y energía eléctrica sostenible y equitativo para todos los usuarios, evitar el desabastecimiento y asegurar la viabilidad económica del sector energético”.

Se decidió “unificar y simplificar los descuentos de los porcentajes de bonificación”, tanto en energía eléctrica como en gas natural en la etapa de generación.

En el primer caso, los subsidios se aplican sobre Precio Estacional de la Electricidad (PEST) y en el del gas sobre el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) para los consumos base.

“De esta manera, las bonificaciones serán del 65% para los usuarios de ingresos bajos (N2) y del 50% para usuarios de ingresos medios (N3)”, aclaró la cartera a cargo de María Tettamanti.

También indicó que se cambió el mecanismo de compensación sobre el precio derivado de la aplicación del régimen de Tarifa Social de gas natural, “en línea con el objetivo de simplificar procesos y desburocratizar al Estado”. “Ahora, el pago de compensaciones se hará directamente hacia los productores y no a las distribuidoras. De esta manera, quitamos intermediarios y agilizamos la cadena de pagos”, sostuvo Energía.

Los incrementos tarifarios autorizados para febrero se enmarcan en el estado de emergencia energética establecido a los pocos días de la asunción presidencial de Javier Milei y prorrogado hasta el 9 de julio de este año.

Una vez finalizado ese período de revisiones tarifarias provisorias que, con diferentes criterios, se viene aplicando desde hace 23 años, se prevé volver a los regímenes de Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), para lo que se convocó a una serie de audiencias públicas que se llevarán a cabo a lo largo de febrero.

La primera de ellas se realizará el próximo jueves 6 y en ella se escucharán las propuestas de transportadoras y distribuidoras de gas natural.

En lo que respecta a la energía eléctrica, las propuestas se analizarán en tres llamados: para las transportadoras de todo el país, el 25 y el 26 de febrero, en tanto para las distribuidoras Edenor y Edesur el jueves 27 del mismo mes.

Al respecto, debe aclararse que la jurisdicción nacional no es igual para el caso del gas natural, en el que abarca a las transportadoras y distribuidoras de todo el país, que para la electricidad.

En este último caso, la órbita del ENRE también comprende a las transportadoras de todo el país, pero sólo a las distribuidoras de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, ya que las restantes son de jurisdicción de cada provincia.

Las tarifas de los servicios de electricidad y gas se componen de las etapas de generación, transporte y distribución, a los que se les debe agregar la carga tributaria de impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales.

Si a eso se le añade la segmentación en tres niveles de ingresos, la coexistencia de varias transportadoras y distribuidoras y, además, las diferentes categorías según los consumos, el resultado es una combinación de tarifarias difíciles de promediar.

Al respecto, una investigación del economista Julián Puig, del Centro de Estudios en Finanzas Públicas (Cefip) de la Universidad Nacional de La Plata, comprobó la existencia de 3.096 tarifas de gas en toda la Argentina.