La Comisión de Asuntos Constitucionales de México aprobó la reforma del Poder Judicial impulsada por el gobierno de Manuel Andrés López Obrador, que prevé, entre otros cambios, la elección directa de jueces, magistrados judiciales y ministros de la Corte Suprema del país.

La expectativa es que el nuevo Parlamento que asumirá en septiembre, con mayoría gubernamental, apruebe la reforma defendida por el gobierno de Morena, que ganó las elecciones presidenciales en junio de la mano de la primera mujer presidenta del país, Claudia. Sheinbaum .

La reforma que impulsa el Gobierno reduce de 11 a nueve el número de miembros del Tribunal Supremo, reduce la duración del cargo de 15 a 12 años y elimina las dos salas del Tribunal, que sólo deliberarán en el Pleno principal con sesiones públicas.

 

Elecciones

La reforma también prevé elecciones directas, a partir de 2025, para todos los cargos del Poder Judicial. Los candidatos a la Corte Suprema serán definidos por los Tres Poderes del país con paridad entre hombres y mujeres. El Poder Ejecutivo propone diez candidaturas, el Poder Legislativo propone cinco candidaturas a la Cámara y cinco al Senado y el Poder Judicial presentará diez candidaturas.

El texto de la reforma también establece que los partidos no podrán realizar proselitismo político en torno a estas elecciones; No habrá financiación pública ni privada y los candidatos tendrán tiempo de radio y televisión para difundir sus propuestas.

 

Oposición

La reforma judicial ha recibido un fuerte rechazo de sectores internos y externos del país. Mientras la oposición acusa a Obrador de querer socavar la independencia del Poder Judicial y transformar el país en una dictadura, los partidarios del gobierno de Morena sostienen que la reforma desmantelará la "aristocracia judicial".

"[La Reforma] busca erradicar la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los excesos que durante años han obstruido la imparcialidad de la Justicia en México", señala un cartel del partido Morena, partido del presidente mexicano, que goza de popularidad por encima del 70%, según una encuesta de El Universal de esta semana.

 

Calificadoras

Agencias de riesgo como Fitch y Morgan Stanley amenazan con bajar la calificación de México para los inversionistas si la reforma avanza. El tema también se convirtió en blanco de polémica entre el presidente mexicano y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. En un comunicado emitido la semana pasada, el representante de la Casa Blanca criticó el proyecto.

"El debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como el recrudecimiento político si se aprueban elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México", destacó el diplomático.

 

Réplica

López Obrador respondió afirmando que no acepta que "representantes de gobiernos extranjeros intervengan en los asuntos mexicanos". "Esperamos que esto no vuelva a suceder. No es como antes, cuando los americanos decidían nuestra agenda", dijo Obrador en una red social.

El presidente mexicano también minimizó los anuncios de las calificadoras de riesgo que indicaron que rebajarían la calificación de México para los inversores.

"Son cómplices del saqueo que hubo en México. No les importaba la pobreza de la gente. Por eso, entendemos que se sientan incómodos con la política que estamos llevando a cabo, pero ni siquiera pueden sostener que es una política ineficiente y fallida, porque los resultados están ahí. ¿En qué país ha habido mejores resultados económicos que en México en los últimos años?", destacó en conferencia de prensa.