El Gobierno de Ecuador ha anunciado el fin del subsidio al combustible, una medida que, según la Presidencia, representaba una carga de 1.100 millones de dólares para las cuentas fiscales.

Este subsidio, que durante décadas no llegó a quienes realmente lo necesitaban, será redirigido hacia programas que generen un impacto social y productivo. El objetivo es que el costo del transporte no aumente, beneficiando a 23.300 conductores de vehículos de pasajeros con montos mensuales de entre 400 y 1.000 dólares.

Además, se ha activado el Plan Nuevo Transporte, que incluye un bono de chatarrización y créditos a tasas preferenciales, junto con el pago de una deuda histórica al transporte de pasajeros. También se destinarán fondos para mejorar la seguridad vial y compensar a sectores del transporte comercial. Desde el 1 de octubre, 55.000 nuevas familias vulnerables recibirán el Bono de Desarrollo Humano, asegurando un ingreso mensual seguro.

La medida ha sido criticada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que la considera un "paquetazo" neoliberal.

Según la Conaie, el precio del diésel aumentará significativamente, afectando la canasta básica y la producción campesina. La organización sostiene que el Gobierno prioriza cumplir con el FMI, sacrificando la vida y la educación del pueblo.

La Conaie ha propuesto eliminar subsidios para grandes empresas, pero mantenerlos para agricultores y transporte público.

El Gobierno también ha anunciado medidas para apoyar a trabajadores del campo y el mar, como el Bono Raíces y créditos a través de BanEcuador.

Se entregarán tractores y motores fuera borda para pescadores artesanales. Sin embargo, la Conaie advierte que estas medidas son insuficientes para resolver la crisis estructural y la desigualdad. La organización ha llamado a sus bases a declararse en asambleas permanentes para resistir este nuevo ajuste económico.

Con información de Europa Press