El Congreso de los Diputados de España le dio sancion definitiva a la ley de amnistía para los involucrados en el fallido proceso secesionista catalán, que tuvo su punto culminante en el referéndum de autodeterminación realizado en octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia unilateral, ambos declarados ilegales.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del presidente Pedro Sánchez, junto a los espacios políticos que apoyaron su investidura, votaron la aprobación de la norma. En tanto que se opusieron el Partido Popular (PP), la ultraderecha de Vox y los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC). En total, fueron 177 votos a favor y 172 en contra.

El presidente Sánchez, celebró la aprobación de la ley, señalando que "en política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor". "Hoy España es más próspera y está más unida que en 2017. La convivencia se abre camino", escribió el mandatario en la red social X.

Previo a la votación hubo un debate con ribetes de escándalo, ya que desde la tribuna se llamó "filonazis" y "neofascistas" a los miembros de Vox, que a su vez gritaban que la ley es un "acto de corrupción política", y los discursos debieron ser interrumpidos en varias ocasiones por los gritos, insultos e incluso golpes en los escaños de la bancada de Vox.

 

Promulgación

La ley de amnistía fue una condición puesta por los partidos independentistas catalanes Junts per Catalunya, del expresidente catalán Carles Puigdemont, y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), para avalar la investidura de Sánchez en noviembre último.

La norma tiene como objetivo amnistiar a los implicados en las movilizaciones y protestas independentistas desde el 1 de noviembre de 2011, hasta el 13 de noviembre de 2023. De manera tal que abarca desde la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014, hasta el referéndum de 2017, e incluye protestas y disturbios posteriores.

La ley había tenido una primera aprobación por parte de Diputados el 14 de marzo, con 178 votos a favor y 172 en contra, para pasar después en revisión al Senado, donde el opositor PP, con mayoría absoluta en esa Cámara, logró que se votara el rechazo. Con la vuelta al Congreso para la votación definitiva, la propuesta fue convertida en ley.

Ahora sólo resta su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigencia y posterior aplicación por parte de jueces y magistrados, que tendrán dos meses de plazo para evaluar los casos uno por uno.

 

Presentaciones

Se espera que los magistrados comiencen a dejar sin efecto diversas medidas, como la orden de detención que pesa sobre el ex presidente catalán y actual eurodiputado Carles Puigdemont. A partir de entonces, el dirigente podrá volver a España, de donde se autoexilió en 2017, sin riesgo de ser detenido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que su partido, el PP, presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de inmediato, algo que ya habían esbozado los Gobiernos de cinco regiones en manos populares.

Díaz Ayuso aseguró que serán los presidentes autonómicos quienes "darán esta batalla", sosteniendo que los motivos son "la defensa de la igualdad de todos los españoles, la seguridad jurídica y muy especialmente la defensa del Estado de derecho", en declaraciones a EsRadio.