El expresidente catalán Quim Torra, desplazado de su cargo tras ser condenado por desobediencia a un año y medio de inhabilitación, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional español para que se suspenda de forma urgente la pena.

Un día después de dejar la Presidencia regional en medio de protestas independentistas por la sentencia dictada ayer mismo por el Tribunal Supremo español, que volvió a elevar la tensión política entre Cataluña y España, Torra recurrió a su última carta jurídica -el Constitucional- antes de llevar su caso a los tribunales europeos de Estrasburgo.

"Ahora la pelota ya está en el tejado del Tribunal Constitucional... veremos si el partido termina aquí o en Estrasburgo", escribió en Twitter el abogado Gonzalo Boye, quien presentó el amparo en nombre del líder secesionista.

Antes de presentar el recurso, Boye se mostró escéptico de que el Tribunal Constitucional le dé trámite, de ahí que avanzó que el siguiente paso será recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde augura "un mal final" para la Justicia española.

Torra asumió que debía dejar el Ejecutivo regional después de haber sido notificado de la ejecución de su condena, pero su cese todavía no fue publicado en el BOE (Boletín del Estado), de ahí que existe un mínimo margen para que, si el TC suspende de forma cautelar la sentencia del Supremo, pueda recuperar su cargo.

El alto tribunal estudiará el recurso el próximo 6 de octubre, según fuentes judiciales.

En los casos previos de políticos activos, el TC siempre optó por suspender las penas, pero esta vez esa posibilidad es poco probable atendiendo a las resoluciones adoptadas respecto a los líderes catalanes secesionistas presos por el fallido proceso de secesión de 2017, a los que se les denegó amparo en reiteradas ocasiones.

El recurso presentado por Torra asegura que la sentencia del Supremo -que lo condenó por no haber retirado una pancarta independentista en campaña electoral- tiene trascendencia constitucional, ya que supuso la destitución de un cargo electo, de ahí que el TC debe pronunciarse.

El abogado defensor del expresidente catalán subraya que en su caso se produjo un "verdadero fraude constitucional", ya que la intención clara fue "derrocar" al Gobierno de Torra por medios aparentemente legales.