La Audiencia Nacional admite en España la querella contra Uber Eats por presunta “organización criminal” presentada por Élite Taxi —la asociación mayoritaria entre los taxistas de Barcelona—, Riders x Derechos y Taxi Project 2.0 contra la plataforma de reparto a domicilio Uber Eats. Se acusa a la aplicación de los presuntos delitos de organización criminal, estafa, defraudación a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social y de haber abusado de la figura del falso autónomo, pese a la Ley Rider.

Dn agosto del 2021, se aprobó la famosa “Ley Rider”, que regula la relación entre los repartidores y las empresas de delivery. Obliga a las plataformas a laboralizar o de jar efectivos a todos sus trabajadores, quienes antesoperaban como falsos autónomos, según una sentencia del Tribunal Supremo.

Los responsables de Uber Eats deberán comparecer ante la Justicia ante el juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para responder a la querella de presentada por las asociaciones de taxistas y de repartidores. La presentación es contra Uber Systems Spain y contra Portier Eats Spain, empresas que gestionan la marca Uber Eats, y también alcanza a los directivos.

Del otro lado del ring, la batalla la lidera Élite Taxi, que a su vez está condenada por la Autoritat Catalana de la Competencia a una multa de casi 123.000 euros por llamar al boicot contra Uber.

La acusación indica que Uber Eats pudo extender sus servicios en España gracias al uso de la figura del falso autónomo, es decir, repartidores que estaban dados de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, pero que en realidad tenían una relación puramente laboral con la plataforma, que distribuye los pedidos a repartir, fija los horarios y los precios. La querella explicó en una nota “[La compañía] se ha asentado y expandido en territorio español gracias a la sofisticación y abuso de la figura del falso autónomo, siendo un factor clave para, junto a otras plataformas como Glovo o Deliveroo, hacer crecer exponencialmente el mercado del reparto a domicilio, donde se ha hecho común la ausencia de derechos laborales mínimos, tales como la jornada máxima, salario mínimo, vacaciones, baja maternal o el paro”.

Después de la entrada en vigencia de la Ley Rider, que llegó tras una serie de sentencias que condenaban el modelo de las plataformas de reparto, "Uber Eats creó un modelo híbrido: una parte de los trabajadores pasaron a integrarse en flotas que prestan servicio a Uber Eats y continuaron con un contrato por cuenta ajena con estas compañías externas, y otros siguieron siendo repartidores autónomos, a los que, según la empresa, se les garantiza completa independencia para llevar a cabo su actividad, y no se les fija ninguna condición ni de horarios ni de tarifas", publicó El País.

“De los falsos autónomos pasó a la subcontratación temporal, donde ha externalizado fraudulentamente toda su actividad a diferentes empresas”, dice la querella, que abunda en que las empresas externas “imponen rotación e inestabilidad entre los trabajadores, aun cuando Uber Eats sigue estableciendo las condiciones y gozando de las rentas derivadas de su trabajo”.

Lo más llamativo de la querella presentada por los taxistas es que acusa a la plataforma de varios delitos, entre ellos el de una “posible organización criminal”: “Destaca la ideación de un modelo para fraude y lucro ilícito de la compañía”. Uber Eats, por su parte, defiende que su modelo cumple “plenamente” con la regulación, y recuerda que ha adaptado su forma de trabajar “para garantizar el pleno control de los repartidores autónomos sobre su trabajo”.