A días de que la justicia de Garantías avance con el desalojo de la ocupación de tierras en la localidad de Guernica prevista para el jueves próximo, y trabajando contra reloj, el gobierno de la provincia de Buenos Aires evaluá analizar la situación de los ocupantes caso por caso.

"Vamos a analizar la situación de cada una de las familias caso por caso porque entre otras cosas, hemos detectado que en la toma hay mujeres que sufren violencia de genero a las que hay que darles una solución a su problema", señaló a BAE Negocios una fuente de la gobernación.

El vocero indicó que también lograron identificar personas desocupadas, otras en situación de calle, y familias que padecen el hacinamiento y destacó que "lo importante es evitar que el jueves se vivan situaciones de violencia" en el marco de la decisión judicial de proceder al desalojo del predio que se llevaría a cabo con la intervención de alrededor de quinientos efectivos policiales.

"Por ahora, no estamos trabajando en la opción de la compra de tierras para resolver el problema, esa fue una idea que partió desde el Movimiento Evita. Nosotros entendemos que hay que trabajar sobre una política integral, que en parte el gobierno nacional ha comenzado, para resolver el problema estructural habitacional en la Argentina y con epicentro en el gran Buenos Aires, pero no hay una respuesta integral que se esté pensando para todos los tomadores de Guernica", indicó la fuente.

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense; Andrés Larroque, se hizo presente el sábado en la toma para analizar la situación con los ocupantes que mantienen usurpadas las tierras desde hace más de dos meses, ocasión en la que públicamente y ante el pedido de los vecinos, se comprometió a conformar una mesa técnica.

"Estuvimos en la toma de Guernica dialogando con los vecinos. La cuestión del hábitat es un problema estructural de la PBA. Requiere una solución de fondo en la que estamos trabajando. Mientras tanto, todo nuestro compromiso para asistir a las personas en situación vulnerable", señaló luego en su cuenta de la red social Twitter. 

En las últimas horas también se expresó sobre el tema la Pastoral Social de la Diócesis de Lomas de Zamora, la que a través de un comunicado, afirmó que no avala la toma ilegal de tierras, "la cual está tipificada como un delito", pero aclaró que la Iglesia "conoce bien la necesidad de muchas personas de nuestros barrios" que por "falta de trabajo no puede acceder" a un terreno para construir una vivienda.

"No podemos dejar de expresar nuestra preocupación por el modo violento en que nuestra sociedad busca resolver los conflictos poniendo en riesgo el orden institucional", expresó la Pastoral en el documento.

En ese sentido, sostuvo que "como Iglesia Católica y siguiendo lo dicho por nuestro Papa Francisco siempre propondremos el diálogo como mejor medio para alcanzar la justicia y la paz". 

El ultimo martes, el gobernador Axel Kicillof le solicitó por escrito a Martín Rizzo, titular del Juzgado de Garantías de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, "evaluar la posibilidad de postergar" por una semana "el lanzamiento masivo ordenado", pedido al que el magistrado hizo lugar, aplazando la medida que estaba prevista para los días 23, 24 y 25 de septiembre, para el jueves 1 de octubre.

El gobierno bonarense también realizó un censo en el predio de alrededor de 100 hectáreas, en el que se detectaron 2.344 casillas precarias, ocasión en la que 1.904 personas accedieron a registrarse, en tanto que 604 familias reconocieron ser oriundas de esa localidad, mientras que el resto procede de distritos cercanos, la mayoría del municipio de Almirante Brown.

En ese contexto, el viernes, los intendentes Mariano Cascallares (Almirante Brown), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Andrés Watson (Florencio Varela), Gastón Granados (Ezeiza), entre otros, junto a los ministros Larroque y Julio Alak (Justicia y Derechos Humanos), se reunieron en el municipio de Presidente Perón, con la intendenta local, Blanca Cantero, donde acordaron entre otras cuestiones, abordar la situación de las personas de la toma que provienen de otros distritos, tal como arrojan los datos del censo. 

En se sentido, decidieron que se analizará cada caso específico y, en función de los informes socio ambientales correspondientes, se abordará una respuesta pertinente para cada uno. Además, se trabajará de manera coordinada entre todos los municipios y la Provincia. 

La toma de predios es un tema que preocupa a los jefes comunales de la provincia, y desde la gobernación, advirtieron a este diario, que han detectado  otras cuatro usupaciones de cierta magnitud: "Tenemos una muy grande en Los Hornos (La Plata), otra muy grande en Moreno y en La Matanza hay otras dos tomas de cierta envergadura".