La polémica por la crisis en Bolivia llegó hoy al Congreso luego el peronismo presentase ayer pedidos de sesión especial en ambas cámaras para repudiar lo que consideran un "golpe de Estado" en el país vecino. Aunque Cambiemos no adhirió al llamado, sí presentará un proyecto propio sobre esta cuestión, que se diferencia de la postura del Poder Ejecutivo y reconoce que hubo golpe, aunque también habla de fraude electoral.

El texto unificado que acordaron los diversos bloques peronistas en Diputados pone el acento en que lo que ha sucedido en Bolivia se trató justamente de un "golpe de Estado", manteniendo la línea de Alberto Fernández al respecto. En el mismo sentido, reclama "el cese inmediato de la persecución y violación de derechos humanos" y llama "al pronto establecimiento de la democracia y el orden constitucional".

En el Senado, en tanto, presentó un texto al que adhirieron tanto el bloque Justicialista, que responde a los gobernadores, como el bloque kirchnerista. No solo habla de "golpe" sino que realiza también una defensa cerrada de Evo Morales, al considerar que puede "probar su legitimidad de origen" y que "ha obrado para el Bien Común del pueblo boliviano".

Por ello, el texto peronista critica duramente el accionar policial, al que califica de "faccioso", y a la reacción de "los principales referentes golpistas" por "racista, clasista y segregacionista".

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Por otra parte, el proyecto de Juntos por el Cambio se redactó intentando consensuar entre la postura del PRO, contraria a la idea de que hubo un golpe de Estado, y la postura de la UCR, que considera mayoritariamente que sí lo hubo.

Por  eso, reconoce que lo que hubo en Bolivia fue un "golpe", pero de manera más lavada de la que lo hace el peronismo. De cualquier manera, se diferencia así de la postura oficial de Mauricio Macri y de la Cancillería, que habló de "crisis" pero ratificó la constitucionalidad del proceso.

En cambio, el texto presentado por el oficialismo afirma que "nos compele como Congreso de la Nación expresar que nunca más la región debe volver al camino de los golpes de Estado" y describe como "preocupante" que "las Fuerzas Armadas (...) propicien la renuncia de civiles". Además, aboga por "el inmediato restablecimiento del Estado de Derecho" en la nación limítrofe.

En ese sentido, realiza lo que puede ser intrepretado como una crítica al Ministerio de Relaciones Exteriores, al asegurar que "la política exterior de la República Argentina debe promover y proteger la democracia en la región".

Aun así, el Poder Ejecutivo no reconoció hoy la proclamación de Jeanine Áñez como nueva presidenta constitucional sino que se limitó a hacerlo como "referencia de autoridad", por lo que su postura sobre la situación en Bolivia podría variar.

Sin embargo, la diferencia principal con el proyecto peronista es que el texto oficialista, idéntico en ambas cámaras, también hace hincapié en lo que consideran afrentas de Evo Morales contra el sistema democrático. Así, exhibe cierta cuota de ambigüedad, dado que no explicita si el "golpe" fue producido contra el ex presidente o por él mismo.

Específicamente, el texto considera que a la situación de crisis, y por ende a la salida de Morales, también contribuyeron su desconocimiento del plebiscito anti reeleccionario de 2016, la "interrupción del escrutinio" en las elecciones del 20 de octubre pasado y el "incumplimiento de los límites a los mandatos presidenciales impuestos por la Constitución" (que el propio ex presidente sancionó en 2009).

Por eso, el proyecto de Cambiemos habla de "legítimas protestas frente al fraude" y cita el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que mostró "graves" irregularidades en el escrutinio de los últimos comicios (que Morales había aceptado repetir), el cual jamás es mencionado en el texto peronista.