Mientras el juez federal Sebastián Casanello dio por concluida la investigación en el marco de la causa que investiga al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por el presunto desvío de fondos públicos del Programa Potenciar Trabajo, y pidió opinión a las querellas y la fiscalía previo a resolver si envía esa parte del caso a juicio oral, desde el Polo Obrero salieron a denunciar que el magistrado busca cerrar la instrucción cuando aún "están pendientes pruebas de relevancia.

En la resolución adoptada por Casanello a solo cinco días de que la Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento a Belliboni y otros 17 acusados, consideró que, “estimándose completa la instrucción respecto de los hechos”, y "a fin de dar cumplimiento al mandato de celeridad" que dio el Tribunal de Apelaciones, corresponde dar vista a las querellas y a la fiscalía para que se manifiesten en relación a si la causa ya puede ser enviada a sorteo de Tribunal Oral.

Además, el juez remarcó que debe "concentrar esfuerzos" en las restantes líneas de investigación del caso vinculadas a eventuales responsabilidades de ex funcionarios del gobierno del ex presidente Alberto Fernández.

Si la causa pasa a juicio oral Belliboni llegará procesado por "administración fraudulenta", "amenazas coactivas" y "extorsión", delitos que prevén hasta 15 años de prisión, en el marco en que se investiga el presunto desvío de fondos públicos asignados al Polo Obrero y a la cooperativo El Resplandor, a través de distintos convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Programa Potenciar Trabajo.

Una celeridad judicial que despierta sospechas

La rápida decisión de elevar la causa a juicio oral adoptada por Casanello, fue cuestionada desde el Polo Obrero desde donde advirtieron que el cierre de la instrucción, a la que consideraron de “escandalosa”, pone punto final a “una larga serie de atropellos al derecho a la defensa”. 

Desde esa organización social, entienden que el magistrado “busca cerrar la instrucción cuando están pendientes pruebas de relevancia”, entre ellas la pericia sobre el allanamiento al local central del Polo Obrero, que fue cuestionado por la defensa en la causa. 

Entienden además, que el magistrado le deniega al Polo Obrero “la presentación de testigos”, con el objetivo de fondo de “avanzar a cuenta del gobierno para meter presos a quienes organizan la lucha contra el hambre”, bajo el argumento de que quienes se movilizaban por sus reclamos y sostenían a sus organizaciones fueron coaccionados". 

“Un argumento falso ya que los que coaccionan son los gobiernos que someten a millones a la pobreza y el hambre impulsándolos a movilizarse por sus reclamos”, señalan en un comunicado difundido en las últimas horas.

En esa dirección, sostienen que la resolución del juez se produce luego de que un amplio arco de organizaciones  respaldara al Polo Obrero en la conferencia de prensa que se desarrolló ayer lunes en la sede del Serpaj en respuesta al fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que agravó los procesamientos incluyendo los delitos de extorsión y coacción.