El conflicto gremial en la empresa Molinos Río de la Plata, según denunció la organización sindical del sector, continúa “sin solución de continuidad”. La parte empleadora, afirman, no acata la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, e insiste con nuevos despidos y presiona para imponer una rebaja salarial. Tal como publicó BAE Negocios, el conflicto se agudiza en la planta ubicada en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría, en paralelo a denuncias persistentes por precarización laboral y estrategias de desindicalización. El delegado sindical Luciano Greco declaró ante la prensa que la empresa impide el ingreso de trabajadores despedidos y, al mismo tiempo, propone una reducción salarial en el marco de un escenario de extorsión. “Todo comenzó el 9 de mayo con despidos y una reducción de personal, lo cual ya implicaba un ajuste preocupante. Pero se profundizó el 17 de junio, con el despido de seis trabajadores más, lo que derivó en un paro por tiempo indeterminado impulsado por el Sindicato de la Alimentación, filial Buenos Aires”, explicó Greco a radio Ecomedios.

Desde el 18 de junio, aseguran, la empresa ignora la conciliación obligatoria y avanza con nuevas cesantías. “Nos extorsionan diciendo que si no aceptamos, podrían cerrar”, agregó el delegado, en referencia a la propuesta empresarial de aplicar una rebaja salarial bajo amenaza de cierre parcial o total de la planta.

La situación se agrava, según consta en las denuncias presentadas por el sindicato ante la cartera laboral bonaerense que encabeza Walter Correa, porque los recortes impactan también en las condiciones de seguridad e higiene. “Se intensifican los ritmos de producción con menos personal, lo que pone en riesgo la salud de los trabajadores y vulnera normativas sobre condiciones laborales”, enfatizaron desde el gremio.

En tono de denuncia más amplia, desde el STIA advirtieron que “la empresa está ensayando una segunda etapa de reforma laboral y sindical”, en sintonía con las políticas impulsadas por el gobierno nacional. “Quieren eliminar la negociación colectiva, hacernos renunciar a los adicionales de convenio y reemplazarnos por trabajadores dispuestos a aceptar condiciones precarias”, sostuvo el representante sindical.

En el marco de la avanzada desreguladora del oficialismo, el conflicto en Molinos se inserta como ejemplo de una dinámica extendida: empresas que, bajo la cobertura discursiva de “eficiencia” o “reestructuración”, despliegan estrategias que suprimen derechos, desfinancian la representación gremial y ponen en tensión los marcos normativos vigentes. La situación de Esteban Echeverría expone ese intento de aplicar por la vía de los hechos una reforma laboral que aún no fue votada, pero que en muchos casos ya se ejecuta.