Para el ámbito sindical e incluso de los abogados laboralistas de los gremios, tres palabras resumen la condición de los y las monotributistas: son aquellos que "pagan para trabajar". Fundamentan que abonan sus aportes mes a mes sin acceder a licencias, aguinaldo, estabilidad ni representación gremial efectiva. La supuesta independencia de estos "colaboradores" suele encubrir relaciones de precariedad.

Si de excepciones se trata, la considerada estructura primaria sindical de los delegados de base suele obtener, en gestión e interacción con las patronales, algunos beneficios para los monotributistas.

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), a principios de 2025 había más de 2.000.000 de personas registradas como monotributistas. Otras fuentes, como el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), indican que el 30% trabaja como empleados, pero facturan como autónomos.

En tiempos de intentos de reformas laborales de hecho y pulseadas constantes, la visión libertaria —con prólogo en la era presidencial de Mauricio Macri— confronta con los defensores de la normativa laboral, incluso en lecturas e interpretaciones opuestas sobre la estadística oficial del monotributismo.

El Monotributo fue creado en 1998, durante el gobierno de Carlos Menem, mediante la Ley 24.977, para simplificar las obligaciones tributarias y previsionales de pequeños contribuyentes. Sin embargo, su utilización como forma de contrato laboral encubierto se intensificó a partir de la crisis de 2001-2002, cuando comenzó a expandirse generando precarización. Desde entonces, hasta distintos sectores del Estado y del ámbito privado adoptaron esta figura para emplear personas sin reconocerles derechos laborales básicos.

Bajo un zoom libertario

Desde la actual gestión de La Libertad Avanza, y con trazos del panorama mensual del trabajo registrado con datos de abril y mayo, el Ministerio de Capital Humano y la secretaría de Trabajo se ocuparon del crecimiento del trabajo monotributista de los últimos años. Consideraron que este fenómeno, que a primera vista podría pensarse como un avance en la formalización del empleo, presenta limitaciones importantes a la hora de reducir la tasa de informalidad.

Argumentan que, en principio, podría suponerse que la expansión de la registración en seguridad social debería provocar una disminución de la informalidad laboral. "No obstante, los datos relevados por la EPH muestran que, entre 2011 y 2024, la tasa de informalidad laboral casi no se modificó: pasó del 41,8% al 40,3%, lo que representa una reducción marginal de apenas 1,5 puntos porcentuales", reseña el informe de Capital Humano.

Acotan una pregunta al respecto: "¿Cuáles son las razones por las cuales el fuerte crecimiento del trabajo monotributista no logró una disminución significativa de la informalidad?". Al desarrollar la respuesta dentro del mismo informe, el ministerio consideró que una proporción importante del crecimiento del monotributo corresponde a personas insertas en relaciones laborales de dependencia. Sin aportes al sistema de seguridad social como asalariados, sino como independientes, las encuestas los registran como ocupación informal. Léase: no se computan como formalización efectiva. En segundo lugar, desde Capital Humano concluyen que los aportantes al monotributo son independientes, y que si bien esto podría incidir en la disminución de la informalidad, la dinámica es contrarrestada por un incremento del trabajo independiente informal. La cartera laboral mensura también el universo de personas que trabajan por cuenta propia sin realizar aportes al monotributo ni al régimen de autónomos; por ende, considera que los trabajadores independientes formales e informales crecieron en proporciones similares.

En síntesis, para el Gobierno de Milei, el crecimiento del trabajo monotributista en la última década está vinculado a la inserción laboral de personas con niveles educativos terciarios y universitarios, en un contexto de escasa generación de empleo asalariado formal en el sector privado.

Aseveran que dicho fenómeno, lejos de mejorar la situación estructural del empleo en términos de formalidad, revela una precariedad solapada: trabajadores con alta calificación que se desempeñan bajo régimen independiente, aun cuando su relación con el empleador sea de carácter dependiente.

El notable aumento de personas registradas en el monotributo no se tradujo en una disminución significativa de la informalidad laboral. Esto se debe, por un lado, a que parte de esos trabajadores no están formalizados como asalariados —pese a estar en relación de dependencia— y por otro, a que el trabajo independiente informal también se incrementó, compensando estadísticamente los avances en la registración.

Para Capital Humano y la cartera laboral, siempre en la partitura de concretar una reforma laboral, el escenario reabre el debate sobre la eficacia de los mecanismos actuales de formalización, la necesidad de revisar los criterios de registro y el modelo de inserción laboral. La sola inscripción al monotributo, en sí misma, no garantiza una mejora en la calidad del empleo ni una cobertura real frente a los riesgos del trabajo.

“Si la historia la escriben los que ganan…”

Con otra visión respecto a los argumentos libertarios, el laboralista y docente de Derecho del Trabajo (UBA) Julián Hofele no solo adhirió a sintetizar que los y las monotributistas "pagan para trabajar", sino que desarrolló otros tópicos en diálogo con BAE Negocios y "El Social Argentino" (Radio Gráfica).

“En muchos casos priva el hecho de que los costos de tributación y acceso a algún tipo de cobertura de obra social queden del lado de los y las trabajadores. Básicamente es ese traslado de costos y una registración que no tiene que ver con la realidad”, dijo el especialista, y acotó: “se considera registrada a una persona cuya inscripción no tuvo lugar en forma correcta”.

Hofele aclaró que, en algún caso, el monotributo es una herramienta jurídica que podría tener una utilidad concreta para personas que de manera efectiva desarrollen su labor en forma independiente. Algo que en los últimos años se fue desvirtuando y que, según detalló, se puede apreciar en un dato: muchas personas que tenían trabajo registrado aparecen ahora dentro del régimen de monotributo, “y dicho marco no tiene que ver con que hayan evolucionado en sus niveles de actividad”.

En cuanto al análisis de Capital Humano sobre reducción de empleo registrado a partir de 2011, el laboralista y docente se remitió a los datos oficiales, pero tomando en su análisis la secuencia 2003 a 2015 desde el tramo político completo, es decir, las gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner.

A saber: esos años, la tasa de empleo no registrado se redujo de manera sostenida, según la EPH. En el sector privado, pasó del 49,5% en el segundo trimestre de 2003 al 33,5% en el mismo período de 2015. Esta caída de 16 puntos representa una reducción relativa del 32,3%, también en los cálculos de series históricas de la EPH.

“El análisis solo respecto a 2011 puede resultar engañoso; de 2003 a 2015 hubo allí el mayor porcentaje de reducción para la informalidad laboral de nuestro país”. En este punto, el laboralista precisó: “además este avance, tuvo lugar en simultáneo a que se hicieron efectivas medidas para la protección del trabajo”. Para Hofele, la mirada libertaria “es la misma que se intentó desde 2015 a 2019, e incluso en la década de los 90”.

El laboralista apuntó que durante esos años, con el prisma neoliberal, se pretendió que con menos protección real, desregulando las relaciones laborales y eliminando las multas por el mal registro de trabajadores, se iba a incrementar el trabajo en blanco. “Este enfoque no tuvo éxito y está probado”, dijo.

Para el marco social, el letrado consideró inevitable e imprescindible tener en cuenta cómo gravita en el trabajo una figura a la que suele llamarse "el ejército laboral de reserva", que comprende a aquellos y aquellas que están dispuestos a tomar un empleo en precarias condiciones, por razones de necesidad. “Un hecho que, como primer efecto, reduce la capacidad del reclamo colectivo”.

Sobre los motores normativos que el gobierno apeló para avanzar en la reforma laboral de hecho, vinculados incluso al monotributismo, Hofele recordó el DNU 70, que tuvo algunos frenos de la Justicia en cuanto a su despliegue, como también la Ley Bases, que entre otras dinámicas estableció la figura del trabajador independiente que puede subcontratar a colaboradores.

“Es un concepto que, más allá de su claro enunciado e intención, genera una nebulosa ante la cual debemos recordar que la Ley de Contrato de Trabajo tiene plena vigencia, y la Constitución Nacional en su artículo 14 bis protege al trabajo en sus diferentes formas. Las nuevas formas laborales con las cuales el gobierno esperaba concretar sus metas no lo acreditaron”.