La Legislatura bonaerense inició el tratamiento de un proyecto de ley que apunta a transparentar la formación y comunicación de los precios de los combustibles en la provincia. La iniciativa obliga a las empresas productoras y expendedoras a notificar cualquier modificación en los valores de venta de naftas, gasoil y gas natural comprimido con al menos 72 horas de anticipación.

Según la diputada de Fuerza Patria Ayelén Rasquetti, autora de la propuesta: "Los aumentos sorpresivos, de la noche a la mañana, afectan al trabajador, al comerciante y a quienes usan el auto como herramienta de trabajo para llegar a fin de mes".

Obligaciones y sanciones para empresas y estaciones

El proyecto establece que las petroleras deberán informar los cambios a la autoridad provincial y que las estaciones de servicio deben publicitar las modificaciones mediante cartelería visible, surtidores y canales digitales oficiales, con un mínimo de 48 horas de anticipación.

Para garantizar el cumplimiento, se prevén sanciones económicas y administrativas:

• Petroleras: multas equivalentes al precio de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper y posible suspensión temporal por reincidencia.
• Estaciones de servicio: multas de entre 100 y 500 litros de nafta y clausura preventiva si reinciden.

Rasquetti advirtió: "Las petroleras dolarizaron el precio y en un año lo triplicaron frente a la inflación. Nosotros defendemos a los consumidores, que no pueden seguir siendo la variable de ajuste del mercado".

Fundamentación y antecedentes legales

El proyecto destaca que la derogación de la obligación de informar aumentos a nivel nacional generó un vacío normativo que perjudica a los usuarios. La norma provincial busca recuperar herramientas de control, apoyándose en la Constitución Nacional y la Ley 26.197, conocida como "Ley Corta de Hidrocarburos".

Además, cita fallos de la Corte Suprema que ratifican la titularidad provincial sobre los recursos naturales y la protección del derecho colectivo a la información, como en los casos Provincia de La Pampa c/ Mendoza (2017) y Halabi (2009).

Rasquetti subrayó: "El combustible no es un lujo, es una necesidad básica que impacta en los precios de todo lo demás. Esta ley permite anticipar y actuar frente a aumentos injustificados".

Próximos pasos y aplicación de la norma

Si se aprueba, la ley entrará en vigencia a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo provincial definirá la autoridad de aplicación y podrá coordinar con municipios para fiscalizar el cumplimiento.

La diputada remarcó que la iniciativa forma parte de una agenda para "recuperar el rol del Estado como regulador, protector y garante de derechos" y defendió la necesidad de proteger a los bonaerenses frente a decisiones de grandes operadores petroleros.

Con esta propuesta, el massismo busca instalar en la agenda legislativa un tema clave para la economía doméstica, el transporte y la producción, asegurando mayor previsibilidad en un contexto de volatilidad de precios.