Impulsan una ley para que petroleras anticipen los aumentos en la nafta en PBA
Una diputada provincial presentó una iniciativa para que las empresas avisen 72 horas antes las subas de precios
El mercado de combustibles volvió a encender tensiones en la provincia de Buenos Aires. Luego de que YPF decidiera dejar de informar los aumentos de precios en las estaciones de servicio, la diputada provincial Ayelén Rasquetti, cercana al espacio de Sergio Massa, presentó un proyecto de ley que obliga a las petroleras a comunicar con al menos 72 horas de anticipación cualquier suba en los precios.
La iniciativa apunta a "garantizar la transparencia en la comunicación de los precios de los combustibles líquidos" y propone que las empresas no solo informen los aumentos a la autoridad de aplicación, sino que también coloquen carteles visibles en los surtidores e informen en medios digitales 48 horas antes de aplicar las modificaciones.
Multas millonarias por incumplimientoEl texto del proyecto establece sanciones severas: las compañías que no cumplan con la norma podrían recibir multas de entre 5000 y 150.000 litros de nafta súper, equivalentes a entre $7,2 millones y $215 millones, según los precios promedio actuales.
La propuesta será tratada por la Comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense, que busca darle dictamen para su debate en el recinto.
Sin embargo, la iniciativa ya generó un fuerte rechazo en el sector petrolero. Al menos dos cámaras empresariales enviaron notas a la Legislatura advirtiendo sobre los efectos contraproducentes que podría provocar la medida.
Las petroleras advierten por riesgo de desabastecimientoLa Federación de Empresarios de Combustibles (Fecra) fue una de las primeras en pronunciarse. En su carta, alertó que anunciar aumentos con anticipación podría generar picos de demanda que derivarían en desabastecimiento, tal como ocurrió en 2023.
"Una variación anunciada con antelación provocaría que los consumidores y operadores adelanten compras, generando récords de demanda y vacíos de stock", explicó el comunicado firmado por el gerente general, Fernando Rolando.
Dificultades operativas y confusión en los clientesLa Fecra también señaló que la medida podría confundir al público y complicar la operatoria de las estaciones de servicio, ya que las leyes actuales obligan a mantener visibles los precios vigentes.
"Comunicar precios futuros generaría desconcierto entre clientes y empleados, dificultando la tarea diaria de las empresas", planteó la entidad.
Otro punto cuestionado fue el de los esquemas de precios dinámicos que aplican algunas compañías, entre ellas YPF, para ajustar valores durante el día según la franja horaria o el nivel de demanda.
"Con la obligación de avisar con 72 horas de anticipación, ese sistema sería inviable. Las empresas deberían emitir anuncios varias veces por día, generando confusión y problemas administrativos", remarcó la federación.
La posición de la Unión Industrial BonaerenseLa Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) también manifestó su rechazo. En una nota firmada por Mariano Mayo y Alejandro Gentile, la entidad advirtió que exigir la publicación anticipada y uniforme de precios puede reducir la competencia entre empresas y afectar a los consumidores.
"El proyecto incentiva comportamientos similares en el mercado y puede provocar aumentos repentinos de demanda y quiebres de stock", señalaron.
Transparencia o intervenciónLos defensores del proyecto sostienen que la medida apunta a "proteger a los consumidores y garantizar la información pública" en un contexto de alta volatilidad en los precios de los combustibles.
Pero desde el sector privado insisten en que el sistema actual ya garantiza transparencia a través de los carteles visibles en las estaciones y los canales digitales de cada compañía.
Próximos pasos en la LegislaturaEl proyecto será analizado por la Comisión de Servicios Públicos en los próximos días. Si obtiene dictamen, podría llegar al recinto antes de fin de año.
Mientras tanto, las petroleras mantienen la presión sobre los legisladores para frenar la iniciativa, que consideran una intervención innecesaria en un mercado que ya atraviesa tensiones por los controles de precios y los atrasos tarifarios.
