La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario del dirigente Luis D'Elía para que la Corte Suprema de Justicia revise su condena de tres años y nueve meses de prisión por la toma de la comisaría 24 de La Boca en 2004 y, al encontrarse al borde de la detención, su defensa pidió la prisión domiciliaria.

Fuentes judiciales informaron que los jueces Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Eduardo Riggi rechazaron el recurso para que la condena sea revisada por la Corte Suprema y ahora el expediente fue girado al Tribunal Oral Federal 6, que podría disponer su detención al haber quedado firme el fallo.

Ante la posibilidad de que se efectivice su condena a 3 años y 9 meses, la defensa del ex funcionario kirchnerista hizo un planteo ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 para que sea beneficiado con la prisión domiciliaria por problemas de salud como diabetes y afecciones cardíacas.

D'Elía fue condenado el año pasado por el Tribunal 6 luego de idas y vueltas de la causa en donde se lo encontró culpable de los delitos de "instigación a cometer delitos, lesiones leves, atentado contra la autoridad, privación ilegal de la libertad y usurpación".

La toma de la comisaría 24 del barrio porteño de La Boca tuvo lugar el 26 de junio de 2004: al mando de un grupo de al menos cuarenta personas ocupó las instalaciones entre las 0.20 a las 8, en reclamo de la detención de quien luego fue condenado por el asesinato del dirigente barrial Martín "Oso" Cisneros.

"Salgan todos de la comisaría, esta tomada", anunció D'Elía, quien -según testigos- habría amenazado con quemar el lugar si no ubicaban al responsable: Juan Carlos "Colchones" Duarte, quien después fue condenado a 15 años de prisión por el homicidio. 

Antes de definir sobre si ordena la detención, los jueces del Tribunal Oral Federal 6 ordenaron que D'Elía sea examinado por el Cuerpo Médico Forense, tras lo cual resolverán si es trasladado a un penal o bien permanece bajo el régimen de prisión domiciliaria.

D'Elía había recuperado su libertad el pasado 24 de marzo luego de permanecer tres meses en prisión preventiva en el penal de Ezeiza, en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA, luego de que la fiscal Gabriela Baigún avalara los pedidos de excarcelación por considerar que no había riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la acción judicial.