Los ya más de setenta días de conflicto por salarios en la Algodonera Avellaneda del Grupo Vicentin detonaron con la represión a trabajadores en esa planta ubicada en el norte de la provincia de Santa Fe. Según informó la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines que encabeza Daniel Yofra y tutela a gran parte de los empleados de esa planta a BAE Negocios: “todo culminó con dos empleadas lesionadas y hospitalizadas, una de ellas delegada sindical”.

“En la madrugada del martes 18, una patota de al menos 20 personas y al servicio de la Algodonera atacó a trabajadoras y trabajadores que acampaban frente al establecimiento” apuntaron y remarcaron que "eran dirigidos por Héctor Vizcay, representante legal de Vicentin, llegaron a la puerta de la empresa y dos de ellos, se lanzaron con motos sobre los trabajadores, lastimando a dos compañeras".

Además de un documento avalado por un centenar de sindicatos, hubo testimonios que por mecanismo virtual llevaron solidaridad y respaldo a los santafesinos.

Delegados del sindicato encabezado por Yofra denunciaron que todo ocurrió “ante la mirada pasiva de una veintena de efectivos policiales entre los cuales se entremezclaba Vizcay”. El dirigente aceitero incluso ironizó la gravedad del hecho al recordar que en esa misma localidad, como en la provincia y otras ciudades del país, "se desarrolló la protesta del 17A sin ninguna intervención de las fuerzas de seguridad ante el reclamo de una parte de la ciudadanía". Yofra enfatizó que no es su sindicato el eje del problema, ya que muchos trabajadores se afiliaron al mismo desde hace meses,  a consideración de los delegados por “el abandono de AOT y Setia” otras dos organizaciones que tutelan a empleados.

"La criminalización de los conflictos por las patronales y el Poder Judicial no puede ser la respuesta ante los reclamos legítimos de las trabajadoras y trabajadores, en este caso en una situación de pobreza con salarios que rondan entre 20.000 y 25.000", remarcó.

Pablo Moyano, el adjunto de Camioneros destacó a Yofra enfatizó su respaldo al personal de Vicentín y recordó que “con el verso de las nuevas tecnologías, como pasó en los últimos cuatro años buscan quitarle derechos a todos nuestros compañeros”. También apuntó como vocero de “intereses internacionales” a Roberto Lavagna para llevar adelante “la reforma laboral que pudimos frenar junto a éstos y otros compañeros durante el macrismo” y disparó munición gruesa sobre Azopardo “esperemos que podamos concretar el año que viene una CGT que esté a la altura de las necesidades de los trabajadores porque hoy ni siquiera se pronuncia respecto a estos trabajadores”.

Héctor Amichetti por la Corriente Federal (CFT) sostuvo que son tiempos donde la intención “para dividir a trabajadores con derechos adquiridos y otros que se las arreglen como puedan queda de manifiesto” acto seguido impulsó una reacción federal del movimiento obrero para enfrentar “no sólo las urgencias que plantea la pandemia”.

Además de quienes se expresaron a través del Zoom en la reunión que iba a tener lugar para analizar la situación de la algodonera, convocada antes del violento episodio sumaron su respaldo a los trabajadores los dirigentes Pedro Wasiejko (CTA de los Trabajadores); Ricardo Peidro y Hugo Godoy (CTAA), Pablo Biró (Pilotos); Sergio Palazzo (Bancarios); Sonia Alesso (CTERA); Omar Plaini (Canillitas); Juan Carlos Schmid (Fepimra); Roberto Raúl Baradel (Suteba) y Roberto “Beto” Pianelli (Metrodelegados) entre otros referentes sindicales.

Situación límite

En episodio vinculante, según los dirigentes sindicales, el juez federal Julián Ercolini dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del expresidente del Banco Nación durante el Gobierno de Cambiemos, Javier González Fraga, y decretó la inhibición general de bienes de la Algodonera Avellaneda, en el marco de la causa penal en la que se investigan irregularidades en el otorgamiento de créditos a la cerealera.

El magistrado dispuso medidas a instancias del fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación en la que se analiza la "posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentin".

De acuerdo con el expediente, esa operación "permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de $18.500 millones", que "serían de cobro incierto, puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos" y a la espera de un concurso preventivo.

Ercolini hizo lugar a una serie de medidas requeridas por el fiscal Pollicita, como levantar el secreto fiscal y bancario de González Fraga y de otras 24 personas entre las que se encuentran el ex vicepriedente del Banco Nación Lucas Llach y los directivos de Vicentin Máximo Padoan y Sergio Vicentin.

Otra de las medidas dispuestas por el magistrado fue la inhibición general de bienes de la Algodonera Avellaneda que "tiene por objetivo la inmovilización de los bienes inmuebles y/o muebles registrables" de la firma y la "prohibición de innovar la composición accionaria" sin ser notificada a las autoridades correspondientes.