Idoneidad y transparencia constituyen los dos principales aspectos que le demandan a la gestión municipal de San Isidro. Justamente, características que el actual intendente Ramón Lanús destacó de su gabinete cuando asumió.

Sin embargo, desde el Concejo Deliberante cuestionan y aseguran que algunos miembros del Ejecutivo distrital no han reflejado un desempeño idóneo ni cristalino. A modo de argumento, se amparan en el destino de los fondos que deberían haberse destinado a la paritaria municipal, y que desencadenaron una paralización casi total de los servicios municipales.

"Tenemos conocimiento de que hay 30.000 millones de pesos en plazos fijos, es decir, en la timba financiera, en vez de, por ejemplo, emplear ese dinero en insumos para los hospitales". El testimonio pertenece al concejal Walter Pérez, que presenció la sesión del Concejo Deliberante del último miércoles, en la cual se trató la demanda salarial de los trabajadores municipales.

"Pedimos un informe, porque esa cantidad de recursos es equivalente a dos meses y medio de recaudación de todas las tasas. Representa un 20% del presupuesto", detalló Pérez a Crónica.

Por su parte, Federico Meca, también integrante del HCD, expresó a este diario: "Propusimos proyectos que impulsan, en principio, que reciba a los representantes municipales, que responda a demanda salarial y que explique por qué financieramente no es viable y para nosotros, sí. Él dice que bajó la recaudación, mientras se hacen gastos superfluos como la nueva señalización de los túneles, cambiando la anterior porque no tenía el logo nuevo de San Isidro. No tiene sentido".

Ambos ediles hacen referencia a la demanda paritaria de los 7.000 trabajadores nucleados en el Sindicato de Trabajadores Municipales y a la exigencia de mejoras en las condiciones laborales, principalmente el pase a planta de 600 empleados, herramientas laborales y vestimenta, como es el caso de los empleados del espacio público. Una serie de reclamos que se cristalizaron en manifestaciones y medidas de fuerzas que recrudecieron entre el lunes y miércoles pasado, y que incluyó a la Policía Municipal.

Sin embargo, tras la convocatoria del Ministerio de Trabajo Provincial para el próximo martes, muchas áreas brindaron un servicio reducido; en el caso del barrido y limpieza de 7 a 12 horas, cuando habitualmente se extiende hasta las 15, y la Fuerza de Seguridad local sólo puso a disposición cinco móviles de guardia al sistema de emergencias del 911, siete menos de lo usual.

San Isidro: denuncias y reclamos al municipio por falta de transparencia en la gestión.

Los municipales requieren un incremento salarial del 50%, pero la gestión local decretó un 15%. En ese sentido, Omar Arce, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, sostuvo a Crónica: "Nos impusieron un 15% sin firma de ningún representante sindical, razón por la que podría intervenir el Tribunal de Cuentas. Este aumento dispuesto por la Intendencia implica para las categorías más bajas una mejora salarial de 35.000 pesos, mientras las tasas municipales subieron en un 191%".

Las dudas del Concejo Deliberante respecto a la transparencia de la administración de San Isidro se fundan no sólo en la escasez de fondos para afrontar los compromisos salariales, sino también en el destino de estos en las contrataciones.

En referencia a ello, Pérez enfatizó: "Se realizaron 40 llamados a licitaciones públicas y sólo se concretaron 11, aunque no hay información precisa respecto de ellas ni de qué pasó con las que quedaron pendientes. Creemos que este accionar les facilita llevar a cabo contrataciones directas a proveedores que se repiten, y a muchos que no tienen experiencia en ese servicio".

"Hay muchas cosas que son raras, como el convenio con San Miguel por el programa Ojos en Alerta, que no fue convalidado por el HCD, porque es un sistema raro. Le pide información a los vecinos a través de una supuesta herramienta que no es tal. No vas a mandar un WhatsApp mientras te están robando", agregó.

En relación con los integrantes del Ejecutivo municipal, en las últimas horas los ediles del bloque Acción Vecinal San Isidro es Distinto pusieron su atención en una denuncia realizada por el abogado Jorge Monastersky por "cohecho" en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, y que involucraría a la jefa de gabinete Manuela López Menéndez. La presentación se enfoca en la preadjudicación del nuevo sistema de grúas, realizada el 6 de diciembre de 2023 por el Ministerio de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que López Menéndez encabezaba en ese entonces. Pero aquella fue rubricada un día después de finalizado su cargo.