El Gobierno quiere publicar el DNU que autorizará una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) esta semana, según le confirmaron fuentes oficiales a BAE Negocios, aunque todavía no hay un apoyo garantizado de Diputados para sostenerlo. El Ejecutivo contará con al menos un mes, según los plazos normativos, hasta que las Cámaras puedan avanzar con su pronunciamiento: para ese entonces, esperan tener listo el acuerdo con el organismo internacional.

Gracias a la ley 26.122, que impulsó Cristina Fernández de Kirchner en 2006 para blindarle los decretos de necesidad y urgencia al entonces presidente Néstor Kirchner, el presidente Javier Milei solo debe contar con el aval de una sola Cámara para mantenerlo. Se trata de un DNU que dejará sin validez a la "Ley Guzmán", la cual establece que cualquier programa con el FMI debe ser autorizado por una ley del Congreso. De todos modos, todavía no confirman del oficialismo si el objeto de ese DNU será derogar esa ley, o simplemente contradecirla al autorizar la negociación.

La justificación detrás del giro estratégico que anunciaron el jueves pasado se debe a que en el Gobierno consideran “inminente” cerrar el acuerdo y no hay tiempo para esperar a los procesos legislativos de un proyecto, y a su vez también admiten que en el Senado el amplio arco opositor podría bloquear -o al menos, obstaculizar- su tratamiento. "Si mandamos a las dos Cámaras, en el Senado hay mayoría kirchnerista que quiere que al país le vaya mal y se podía demorar y mucho”, reconoció el ministro de Economía, Luis Caputo, en declaraciones televisivas.

Sin embargo, las alianzas que construyeron en la Cámara de Diputados todavía no garantizan una aprobación del acuerdo. Mientras no lo rechacen, el DNU se mantendrá vigente; pero desde Balcarce 50 promueven la intención de que Diputados trate este decreto, a diferencia de la gran mayoría de los DNU que se archivan en el Parlamento. “En un principio, lo vamos a acompañar”, le confesó a este diario un alto dirigente del PRO, aunque se mantienen reservados frente a una postura de bloque puesto que, según insiste la fuente, quieren primero ver la redacción final del decreto. Se reunirán mañana a las 18 para discutirlo.

El punto es que con los 37 soldados amarillos que lidera Cristian Ritondo no alcanzaría, de todos modos, para aprobar el DNU. Faltan 53 voluntades a favor que, a priori, el Gobierno deberá buscar con los aliados de la UCR que preside Rodrigo De Loredo: la veintena de radicales -a excepción de los cinco “pelucas”- no garantizan su apoyo al DNU sin antes tener una conversación sobre el Presupuesto 2025: tal como anticipó BAE Negocios, es algo que ya pensaban reactivar cuando el Presidente anunció que se aproximaba un acuerdo con el Fondo. La misma postura había anticipado Encuentro Federal, la bancada de 15 que preside Miguel Ángel Pichetto, pero en Casa Rosada descartaron esa posibilidad: “Ya fue. Estamos en marzo, que se ubiquen”, dijeron desde un despacho.

La búsqueda de consensos tendrá un margen indefinido para construirse. Primero, el jefe de Gabinete tiene un plazo de diez días corridos para poner en consideración a la Bicameral de Trámite Legislativo, la comisión encargada de pronunciarse sobre los decretos de necesidad y urgencia, la cual después tiene un plazo de diez días hábiles desde que el DNU llega al Congreso para emitir un dictamen -que, de cualquier manera, no es vinculante-.

Aunque la Bicameral no se expida, las Cámaras pueden (y deben, técnicamente) ir a sesión: lo podrán hacer con mayoría simple una vez vencido el plazo de la comisión que preside el senador oficialista Juan Carlos Pagotto. En la práctica, lo que habitualmente sucede es que la comisión nunca se reúne y la oposición espera que se venza el plazo para avanzar en el recinto, ya que rara vez se tratan DNU para aprobarlos (al menos, en la gestión de Milei nunca sucedió) y las pocas veces que Pagotto convocó a una reunión, suele hacerlo para tratar todos los DNUs vencidos que nunca fueron debatidos (incluye del gobierno de Mauricio Macri).

Si, como pronto, el Gobierno acelera el DNU para este martes -en Casa Rosada no descartan que se publique mañana- y se remite inmediatamente al Congreso ese mismo día, las Cámaras deberán poder ir al recinto cerca de abril. Lo más probable es que se extiendan esos plazos, aunque sea unos días: el punto es que hasta el mes que viene las Cámaras no lo tratarán. 

Pueden no hacerlo nunca. En ese sentido, aunque los “dialoguistas” no sumen el respaldo suficiente para aprobarlo, mientras no se unan a los 98 de Unión por la Patria para rechazarlo el acuerdo con el Fondo no correrá riesgos: ya conseguir que nunca lo traten sería un éxito porque la normativa se mantendrá vigente hasta que lo rechacen ambas Cámaras.

Si bien en el Congreso no hay una intención generalizada de tocarle al Gobierno su programa económico -que, según alega el Presidente, dependerá este año del acuerdo con el Fondo para mantener la baja inflacionaria y, eventualmente, salir del cepo-, los diputados aliados no reaccionaron positivamente a la avanzada por decreto y especialmente se alertaron sobre que la autorización para negociar no va a incluir mayores detalles sobre el acuerdo. 

El único antecedente después de la Ley Guzmán (informalmente lleva el nombre del exministro de Economía, Martín Guzmán, porque se impulsó en 2021 bajo la gestión de Alberto Fernández), es justamente el acuerdo del Gobierno anterior en 2022: en ese entonces, el Congreso aprobó el acuerdo con amplio respaldo opositor de lo que era Juntos por el Cambio a sabiendas de los detalles del programa, los cuales se incorporaron en anexos que luego fueron retirados a la hora de autorizar la negociación. 

Sin un pronunciamiento todavía del staff, el presunto acuerdo de Milei con el FMI todavía sigue siendo incierto. Sin embargo, en línea con que el Gobierno pretende “ponerle el moño” el mes que viene, ya para ese entonces el Congreso podrá tratar el DNU con la información pertinente. En ese sentido, la publicación del decreto apunta a tener un impacto en el mercado, mas no implicaría una fecha de desembolso. Según fuentes del oficialismo, el detalle del monto aunque sea puede estar incluido, pero lo que le importa a la oposición son los condicionantes que le va a poner el organismo al país: en principio, según Caputo, la devaluación no es una de ellas.