El gobierno del presidente Javier Milei sigue avanzando con la motosierra. Ahora, tomó la decisión de disolver la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia de Seguridad Vial y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas. ¿Qué cambios se aplicarán a raíz de estas nuevas disposiciones?

La decisión se oficializó a través del Decreto 461/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial y que lleva la firma de Milei junto con la del ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. 

Si bien la noticia se terminó de oficializar en las últimas horas, ya se había confirmado a fines de la semana pasada cuando afirmaron que existe una superposición de funciones entre las entidades que buscan absorber y otras ya existentes, como así pasa con la ANSV, la Comisión Nacional de Tránsito y la Subsecretaría de Transporte Automotor.

De esta manera, el oficialismo apunta a un sistema más fácil y eficaz, sin la necesidad de que varias entidades se encarguen de las mismas tareas.

También lo adelantó estas últimas horas el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada”.

El gobierno de Milei busca organizar un reordenamiento estructural del sistema de transporte y control vial en el país. En esta misma línea, se reorganiza la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y que se focalizará en la verificación del cumplimiento normativo y contractual, y en la investigación de los accidentes ferroviarios.

Será Gendarmería Nacional la que pasará a ocuparse de las tareas que le correspondían a Vialidad. En paralelo, las funciones de seguridad vial que cumplía la Agencia serán absorbidas por la Secretaría de Transporte.

El Gobierno de Javier Milei dispuso el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad.

“La disolución de este organismo generará un ahorro anual estimado para el Estado Nacional de 100 millones de dólares, y sus funciones serán asumidas entre la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y dos unidades organizativas dentro del Ministerio de Economía, una en la órbita de la Secretaría de Transporte y otra en la Secretaría de Obras Públicas”, detallaron.

El resto de las funciones que se encargaba la CNRT pasarán a ser absorbidas por la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

Por su parte, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) “dejará de funcionar como tal, reducirá considerablemente su alcance y gasto”. Pasará a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación y "limitará su ámbito de actuación exclusivamente al transporte aéreo civil para dar cumplimiento con los estándares técnicos y normativos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)", según anticiparon.

En ese contexto, las funciones inherentes de la JST sobre la investigación técnica de automotores serán absorbidas por la Secretaría de Transporte y "sucesos del ámbito ferroviario estarán a cargo de la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte".