En las comisarías y alcaldías porteñas hay 2459 presos, de los cuales 556 están imputados, 1504 procesados  y 399 condenados. Realmente los lugares disponibles son 1300. Estas dependencias son de paso, es decir, los detenidos deberían estar no más de 72 horas. Por eso no cuentan con el personal capacitado, ni con la seguridad necesaria, como sí existen en un penal. 

Los procesos normales pocas veces se respetan: teóricamente, una vez que la persona es indagada por la Justicia debe ser trasladada a la cárcel. Esto no pasa en la mayoría de los casos. 

Actualmente hay 29 detenidos en comisaría -que hace casi un año esperan ser trasladados a un penal-, 144 entre uno y dos años, y 19 más de dos años, según informaron a Crónica fuentes del ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. 

El 95% de estas detenciones se tramitan en causas que juzga la Justicia Nacional, y solo el 5 % de las personas privadas de la libertad están por delitos transferidos a la Justicia de la Ciudad -como hurtos o arrebatos-, que tienen penas bajas. “Por ley la responsabilidad de la guarda es la de Nación, a través del Servicio Penitenciario Federal”, afirman desde Ciudad y remarcan que las comisarías son lugares de “tránsito”, es decir, desde que las fuerzas de seguridad aprehenden a los sospechosos, hasta que son puestos a disposición de la Justicia.

Para entender el proceso que vivieron en estos últimos años las comisarías y alcaidías, vale hacer un poco de historia: antes de la pandemia, en las dependencias porteñas, había alojados 100 presos. En el 2023 eran 1800. ¿Qué pasó en el medio? Por un lado la decisión política de la gestión de Alberto Fernández de liberar detenidos de los penales federales y por otro el ZOOM. “Antes la policía trasladaba al detenido a Tribunales y desde ahí ya se hacía cargo el Servicio Penitenciario. Cuando las audiencias se empezaron a realizar de manera virtual desde la comisaría ya nadie vino a buscarlos”, explican las fuentes consultadas de la cartera a cargo de Gabino Tapia.

Las mismas fuentes confirmaron a este medio que ante el cambio de Gobierno y con Patricia Bullrich a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, -responsable máxima del Servio Penitenciario Federal-, esperaban resolver las anomalías, pero no pasó y la fuga de  presos de las dependencias expuso las diferencias. 

“Con distintas áreas del gobierno nacional avanzamos, con Patricia no”, afirman.  “Nos preocupa la seguridad de los porteños. Al menos 2500 policías, que no están preparados para eso, tienen que estar al cuidado de los presos en vez de estar patrullando las calles. Además, en cada dependencia que hay una fuga, por protocolo, hay que separar al personal hasta determinar si tuvo o no responsabilidades en lo sucedido”, agregan.

Esto, sumado al costo que implica mantener a los presos. En el 2024 el gasto total realizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el financiamiento de estas detenciones fue de 70.161.000.000 de pesos. El promedio diario por detenido fue de 83.576.

En noviembre pasado se firmó un acta de intención, entre el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad nacional, para el traspaso del Servicio Penitenciario a la Ciudad para aquellos los delitos cometidos en su jurisdicción. Desde el Gobierno porteño piden “autonomía plena” como marca la Constitución, para eso las áreas bajo la órbita de Nación deben ser transferidas. Tampoco se avanzó en eso. “Mientras no suceda, los presos son responsabilidad de Nación”, afirman desde Ciudad.

“Hay fallos judiciales que sostienen que tienen que llevar a los detenidos de las comisarías  a la cárceles”, sostienen las fuentes consultadas. La Justicia determinó que los presos tiene que se trasladados a penal, que no pueden seguir en dependencias porteñas, y puso un plazo de tres meses para que se cumpla. Se acordó que fueran trasladados 100 por semana . “Al final fueron 90 detenidos los que llevaron a penal, y después la ministra se enojó con Waldo Wolff y fueron 60 los trasladados, nada más”, agregan las fuentes consultadas.

En marzo está proyectada la creación del Servicio Penitenciario porteño, pero esto tampoco soluciona el problema de la comisarías a corto plazo. Otro de los reclamos es que la Justicia Nacional sea transferida a la Ciudad. De esta manera, cuando se jubilen los jueces nacionales serían reemplazados por magistrados designados por la legislatura. 

Desde Ciudad afirman que hasta que Nación no transfiera los recursos económicos y de agentes capacitados "la responsabilidad exclusiva de los detenidos recae en el Estado Nacional a través del Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal. Estamos dispuestos a llevárselos en un camión a la puerta del penal”.

Además, señalaron que todo lo acordado para el proceso de transferencia fue “sistemáticamente incumplido por el Ministerio de Seguridad de la Nación”.