El Presidente, Alberto Fernández, dispuso hoy por decreto una prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero de 2020 para tratar la eliminación de las jubilaciones de privilegio. Además, estableció que la Oficina Anticorrupción pase a ser "un organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación" y oficializó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por 180 días, según las resoluciones publicadas hoy en el Boletín Oficial.

A través del decreto 56, Fernández extendió las sesiones extraordinarias del Parlamento hasta el 29 de febrero y amplió el temario que deberán tratar los legisladores.

Entre esas iniciativas, se incluyen un proyecto de ley para modificar la ley 18.464 de jubilaciones y retiros para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, y otra iniciativa para introducir cambios a la ley 22.731 que establece el régimen jubilatorio específico para el personal del servicio exterior de la Nación.

Ayer, Fernández ya había anticipado, en su cuenta de Twitter, que ampliaría las sesiones para enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley que "termine" con las "jubilaciones de privilegio" en el Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático, con el "propósito de garantizar la igualdad" en el sistema previsional.

Lo hizo luego de que el bloque de senadores de Juntos por el Cambio anunciase que impulsaría un proyecto para que las jubilaciones de privilegio también fueran incluidas en el congelamiento de la movilidad previsional que se aprobó como parte de la Ley de Solidaridad.

"No es ir en contra de nadie, es poner un poco equilibrio y orden. Donde más se manifiesta ese desequilibrio es en el caso de los jueces y los diplomático, que además tienen sueldos en dólares", dijo Fernández anoche en declaraciones televisivas.

Por otra parte, también a partir de su publicación en el Boletín Oficial, la Oficina Anticorrupción pasó a ser un "organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación", en tanto que su titular tendrá rango y jerarquía equivalente a Ministro. 

"Dispónese que la Oficina Anticorrupción, creada por el artículo 13 de la Ley N° 25.233 tendrá carácter de organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación", consignó el Gobierno a través del Boletín Oficial.

Además, agregó: "El o la Titular de la Oficina Anticorrupción tendrá rango y jerarquía equivalente a Ministro y dependerá funcionalmente de la presidencia de la Nación. Gozará de independencia técnica y cumplirá las funciones que le competen sin recibir instrucciones del Presidente de la Nación ni de ninguna otra autoridad superior del Poder Ejecutivo Nacional".

Por último, el texto agrega que "los funcionarios y funcionarias, de la Oficina Anticorrupción tendrán relación jerárquica y dependencia funcional con dicho organismo desconcentrado e integrarán la dotación de personal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos".

Hace cinco días, Fernández anunció que el fiscal Félix Crous estará al frente de la OA.

En paralelo, el mandatario dispuso, también en el Boletín Oficial, "la intervención de la AFI por el plazo, prorrogable, de 180 días corridos a contar desde la entrada en vigencia del presente",  según se establece en el artículo 1 del decreto 52.

A continuación, se oficializa la designación de Cristina Caamaño, anunciada ayer, como interventora.

Asimismo, se la instruye para "preparar y elevar a consideración del Poder Ejecutivo una propuesta de reformulación del Sistema de Inteligencia Nacional" que reduzca "la actividad confidencial al mínimo necesario funcional".

El decreto justifica la medida en el "notorio retroceso institucional" que hubo en ese organismo durante la gestión de Mauricio Macri, cuando fue utilizado "por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del estado constitucional de Derecho".