Un grupo de ONGs -CELS, INECIP, ACIJ y Poder Ciudadano- cuestionaron la designación por decreto de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia y solicitaron que se declaren inconstitucional esos nombramientos. Según sostienen, constituye una violación a la Constitución Nacional y pone en jaque “la división de poderes” y “la independencia judicial”. 

“El 26 de febrero de 2025, tan solo unos días después del cierre de sesiones extraordinarias y a unos pocos días de iniciar las ordinarias, el Poder Ejecutivo de la Nación dictó el Decreto 137/2025, mediante el cual designó en comisión a Manuel García-Mansilla y a Ariel Lijo como ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un día después, nuestro Máximo Tribunal le tomó juramento al primero, y sigue pendiente la resolución sobre la jura del juez Lijo, dado que solicitó licencia en su actual juzgado y la Corte lo está analizando”, sostienen desde el CELS.

Y destacan que la Fundación Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) resolvieron presentar una acción de amparo “para que se declare la inconstitucionalidad de los nombramientos, junto con una solicitud de medida cautelar para que se suspendan sus efectos hasta tanto se resuelva la cuestión”.

“La demanda plantea que hubo un apartamiento del procedimiento ordinario previsto por nuestra Constitución sin acreditar una situación excepcional que impidiera la correcta administración de justicia. De hecho, no sería la primera vez que la Corte Suprema operaría con menos integrantes. En el mes de febrero, con solo 3 miembros, dictó 802 fallos. Además, señalamos que el Senado no estuvo imposibilitado de sesionar, sino que lo hizo durante las sesiones ordinarias y extraordinarias, y que la designación en comisión jamás puede utilizarse para sortear la falta de consenso democrático que requiere nuestra norma fundamental para la integración de la Corte”, señalan desde el CELS.

“En los últimos meses, hemos asistido a una sucesión de hechos que muestran una ya muy peligrosa tendencia de las autoridades públicas a sobrepasar límites elementales de la vida institucional que son definitorios de la vida republicana y el Estado de Derecho”, agregaron desde el INECIP, a través de una carta, que lleva la firma de su presidente, Alberto Binder; y su director Ejecutivo, Julián Alfie. 

“Es como si se hubiera decidido que el país debe ser gobernado desde las relaciones de facto, que suelen esconder un ‘Infra-Estado mafioso’, que se gobierna desde relaciones ocultas y opacas. Esa realidad ya la hemos vivido muchas veces en la historia y siempre nos ha ido muy mal. En particular, cuando el Poder Judicial no cumplió con su función básica de poner límites al poder, como parece estar pasando una vez más", añadieron.