La jueza Capuchetti rechazó otra vez el pedido de prisión domiciliaria de Nicolás Carrizo
La magistrada del caso volvió a rechazar el pedido de la defensa por la existencia de "riesgos procesales". Es la segunda vez que el abogado del jefe de la "Banda de los Copitos" pide este beneficio
La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó por segunda vez el pedido de prisión domiciliaria a uno de los jefes de la "Banda de los Copitos" Nicolás Gabriel Carrizo, tras señalar que existen "riesgos procesales" que impedirían morigerar la modalidad de su detención.
La magistrada argumentó que "subsisten inalterados los peligros procesales tratados al tiempo de evaluar la posibilidad de que Carrizo afronte el presente proceso penal en libertad. Riesgos que, de momento, no pueden ser neutralizados a través de otros medios menos lesivos para los derechos del imputado".
El primer intento sobre el pedido de prisión domiciliaria por parte del abogado defensor Gastón Maran fue presentado el 23 de enero considerando que el procesamiento de su defendido se encuentra firme, pero "su detención con carácter cautelar se tornaba de prolongación incierta".
Para esta nueva intención, Maran propuso que Carrizo sea enviado a la casa de su supuesta pareja, con la que habría convivido días antes de ser detenido a mediados de septiembre. Sin embargo, el estudio socioambiental realizado por la Justicia para sondear la hipotética prisión domiciliaria en el establecimiento, surgió que "la convivencia se encontraría en una etapa incipiente" y "se habría desarrollado solamente algunos días previos a su detención".
La profesional que realizó las entrevistas pertinentes para este análisis relató que "la relación dataría de hace poco más de un año y la habrían mantenido en reserva de sus entornos sociales y familiares, a pesar de asegurar haber tenido contactos con regularidad durante ese periodo", según surge del fallo de Capuchetti.
De esta manera, la jueza sostuvo que "no se verifica ninguno de los supuestos mencionados en los artículos citados para que se proceda" a ese beneficio, al mismo tiempo sostuvo que "no se incorporó en esta incidencia elemento probatorio o desarrollada circunstancia procesal alguna que modifique el escenario que motivó la denegatoria del primer planteo efectuado en este mismo incidente".
"Los reparos procesales que la defensa pueda guardar respecto a la celeridad con la que la investigación avanza actualmente a la siguiente etapa plenaria, pueden ser canalizados a través de los planteos que la parte estime correspondientes y además deben ser contextualizados en el tramo actual en el que se enmarca el proceso", respondió la jueza al planteo de la defensa de Carrizo.
"No obstante ello -continuó-, el arresto domiciliario no resulta el instituto para dirimir tales pretensiones, máxime siendo que el tiempo de detención preventiva que viene sufriendo Carrizo no luce desproporcionado en lo que se refiere a la gravedad del hecho que se le enrostra, la complejidad de la investigación y los preceptos legales que regulan el instituto (Ley 25430)".
La jueza también invocó en su fallo la opinión del ministerio público fiscal que "dictaminó que no debía acogerse favorablemente lo peticionado por Nicolás Gabriel Carrizo, resaltando que no se introdujeron nuevos argumentos a los oportunamente evaluados por la Alzada con fecha 14/12/22".
"El tenor de las comunicaciones halladas en el teléfono celular que le fuera incautado, sumado a la gravedad institucional de los hechos pesquisados y a la expectativa de pena para los delitos que se le achacan, resultan indicadores de entidad suficiente para mantener el encierro cautelar del encartado, ya que conforman un cuadro objetivo suficiente para afirmar que existen riesgos procesales de fuga", había opinado la fiscalía.
Ataque a Cristina Kirchner: procesados en la causa
Nicolás Gabriel Carrizo está procesado con prisión preventiva como partícipe secundario del intento de magnicidio en su rol de autor intelectual hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre en la puerta de su casa en Recoleta.
Ante la justicia y la opinión pública se presentó como alguien que dio trabajo en la venta de copos de nieve al hombre que gatilló en la cabeza de Cristina, Fernando Sabag Montiel, pero en su celular aparecieron mensajes en los que se atribuía participación en la planificación del ataque.
Por esta causa también está detenida procesada como coautora Brenda Uliarte, supuesta pareja de Sabag Montiel, quien estaba con él en las inmediaciones del edificio que habitaba la vicepresidenta, en el barrio porteño de Recoleta, el día que intentaron matarla.
