El financiamiento de la organización Revolución Federal es una de las líneas de investigación más determinantes sobre las que trabaja la justicia y que impulsa la querella en el marco de la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En este marco, el fiscal Gerardo Pollicita pidió que se realicen 11 allanamientos en domicilios vinculados a la familia Caputo y a los presuntos proveedores de Jonathan Morel, el líder del grupo, que nucleó transferencias por 8,7 millones de pesos por unos supuestos trabajos de carpintería.

Según admitió, Morel desconocía el oficio y afirmó que tercerizó todo el trabajo y se quedó con una comisión. Este fue negocio que le ofreció Rossana Pía Caputo, que justo pasó por su novel carpintería en Boulogne y lo contrató para amoblar un edificio en Vaca Muerta, Neuquén, a más de 1.000 kilómetros de distancia.

Pollicita sostuvo que es necesario profundizar la investigación “para esclarecer la arista atinente al financiamiento de la agrupación Revolución Federal” e insistió con algo clave: que las transferencias millonarias a Morel y sus socias coinciden con las actividades más violentas del grupo, que contribuyeron al clima de violencia que generó el atentado contra CFK y que curiosamente luego del magnicidio fallido se desarticularon.

 

Dónde se realizarán los allanamientos

Uno de los once allanamientos que pidió el fiscal Pollicita es en el edificio construído por Caputo Hermanos en Vaca Muerta, Neuquén, a través del fideicomiso Espacio Añelo, el cual realizó las transferencias millonarias.

Pollicita quiere que se revise si los muebles que los Caputo dicen que le encargaron a Jonathan Morel efectivamente están en el lugar y, de ser así, determinar si el precio que se pagó fue real.

Otro de los inmuebles que se solicitó que se libre una orden de presentación con allanamiento en subsidio es aquel en el que se encuentra la firma IDERO, en Esteban Echeverría, empresa a cargo de la construcción y administración del edificio ubicado en Neuquén, al que Morel habría llevado sus muebles.

Los restantes son nueve presuntos proveedores de Morel, que ya confesó que no sabía nada de carpintería. Para el funcionario judicial, la relación comercial habría comenzado, según los descargos de las partes involucradas, “a partir del descubrimiento por parte de Rosana Caputo, quien se desempeñaría como decoradora de aquellas sociedades, de la carpintería del mencionado líder de Revolución Federal”.

La investigación busca comprobar si los proveedores de Morel “poseen la infraestructura y capacidad como para brindar efectivamente los servicios que habrían sido requeridos por el fideicomiso Espacio Añelo”.

 

Piden secuestrar los celulares de las asesoras de Milman

Todo esto sucede en la causa que tiene el juez Marcelo Martínez De Giorgi, que está limitada a las actividades de Revolución Federal. Tanto De Giorgi como Pollicita ya reclamaron que este expediente se unifique con el que tiene la jueza María Eugenia Capuchetti, donde se investiga el atentado contra CFK. Capuchetti se negó y tuvo el apoyo de la Cámara Federal. La misma Sala, con Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, resolvió mantener los casos por separado y liberar a Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, detenidos por Martínez De Giorgi.

Hay un dato clave que marcan Pollicita y De Giorgi: “partir de ese punto (el atentado contra CFK) culminante, suspicazmente la agrupación dejó de publicar su actividad, tanto en las calles como en las redes sociales”. Y ese dato se junta con otro: “las sumas de dinero aportadas por el FIDEICOMISO ESPACIO AÑELO durante el año 2022 se dieron principalmente entre los meses de mayo y agosto, esto es recordemos, el período en el que no sólo la agrupación Revolución Federal inició su actividad pública como tal, sino también durante el lapso temporal en el que desplegó sus acciones más violentas”.

Además, la querella de la expresidenta solicitó la recusación de la jueza Capuchetti y le pidió a la Cámara Federal porteña que se ordene el secuestro de los celulares de las dos asesoras del diputado del PRO Gerardo Milman para investigar "hasta las últimas consecuencias" la "sospecha" de que el funcionario sabía lo que iba a suceder.

"No estamos pidiendo la detención de Milman, estamos pidiendo que secuestren los celulares", para "que se proceda a investigar esta línea con contundencia", sostuvo uno de los abogados de la querella, Marcos Aldazábal.