El ambicioso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anunció el presidente, Javier Milei, el miércoles pasado era solo el comienzo; la última semana del año continúa equipada de medidas de ajuste, de cara al 2024, y después de Navidad el Gobierno suma otro decreto para dejar sin efecto los contratos de empleados estatales que fueron firmados en el 2023, junto a la Ley Ómnibus que recibirá el Congreso.

Según pudo verificar BAE Negocios, el recorte abarca en áreas de "todo el Estado" y, si bien evitaron dar a conocer la cifra exacta, se estima que afectará a miles de empleados. La medida ya la había anticipado el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, entre los anuncios de desregulación y ajuste fiscal que dio a conocer durante la primera semana de gobierno.

En complemento con la reducción de los Ministerios de 18 a 9, que incluyó el cierre al 100% de Secretarías que estaban a cargo de las administraciones que fueron eliminadas, la resolución de esta semana profundiza el alcance de la Motosierra para los trabajadores públicos. Esta vez, para quienes no registren antigüedad previa al 1 de enero de 2023.

Asimismo, limita el plazo de renovación de la totalidad de los trabajadores contratados a un máximo de 90 días, estableciendo otro proceso de revisión de la totalidad planta para dentro de 3 meses.

 

En línea con la reducción de empleados estatales, el Gobierno también pidió la presencialidad total en los lugares de trabajo de la administración pública para cercearse de que no existan irregularidades en las contrataciones.

Según pudo saber BAE Negocios, los 5.000 empleados que renovaron el contrato para 2024 en el ministerio de Salud, a cargo de entonces Carla Vizzotti, dos semanas antes de que asuma el gobierno libertario, no serán afectados por el decreto, mientras que su antigüedad sea previa al 2023.

 

Texto completo del DNU de  cese de empleados públicos 

 

 

 

ATE: "Los laburantes no somos la casta"

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya tenía prevista la medida. "La excepción de los cupos, uno de los puntos planteados por ATE Capital en la reunión con (el ministro del Interior, Guillermo) Francos, los cambios de modalidad de contratación y el personal considerado indispensable por los titulares de cada jurisdicción, son los puntos que resguarda el decreto", expusieron en un comunicado.

En él, acusaron al Gobierno de que "construir el enemigo en el empleo público" y, firmes, alegaron que hay suficiente normativa vigente que justifica cada una de las contrataciones realizadas en los últimos años. "El Decreto 426/2022 del presidente AF congeló las contrataciones, por lo que cada nuevo ingreso debió cumplir alguna de las excepciones establecidas en ese mismo decreto (altas por bajas y siempre respondiendo a necesidades estratégicas o criticidad). Todos los ingresos ya fueron debidamente justificados", alegaron.

Tajantes, afirmaron que no van a permitir "el despido sin debida causa de trabajadores que brindan su compromiso y conocimiento al servicio público diariamente", y cerraron: "El ajuste no lo tienen que pagar los trabajadores. Los laburantes no somos la casta".