Pensiones por invalidez: Salta denunció ante la Corte irregularidades y destrato en las suspensiones
La Fiscalía de Estado provincial presentó una Acción de Amparo contra la Nación y la ANDIS. Reclama el restablecimiento inmediato de los pagos, el reintegro retroactivo y un proceso de auditoría transparente.
La Provincia de Salta, a través de la Fiscalía de Estado encabezada por Juan Agustín Pérez Alsina, formalizó ante la Corte Suprema de Justicia una Acción de Amparo contra el Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La presentación fue instruida por el gobernador Gustavo Sáenz y busca frenar lo que consideran un atropello a los sectores más vulnerables.
El escrito exige el restablecimiento inmediato de las pensiones no contributivas por invalidez que fueron suspendidas en la provincia, así como el pago retroactivo a los beneficiarios afectados. Además, solicita una medida cautelar y la convocatoria a una audiencia pública donde se expongan las irregularidades.
Acusaciones de arbitrariedad e irregularidadesSegún la presentación, el gobierno nacional aplicó "procedimientos arbitrarios, carentes de sustento normativo y violatorios de derechos fundamentales" al dejar sin cobertura a ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad. Se advierte que la ANDIS se negó a brindar información detallada de los beneficiarios y que las suspensiones se realizaron con un fuerte déficit de transparencia.
Denuncias sobre las auditoríasEntre las anomalías más graves, la Fiscalía salteña menciona la falta de notificación previa a los beneficiarios, la aplicación de criterios dispares en las evaluaciones médicas y la realización de auditorías por personal sin habilitación profesional. Estas prácticas, sostienen, vulneran el derecho al debido proceso.
La provincia subrayó que los beneficiarios sufrieron un destrato institucional: muchos debieron trasladarse largas distancias para trámites que finalmente no se resolvieron. La presentación enfatiza que esta política agrava la exclusión social, en lugar de corregir irregularidades.
Un antecedente concreto: 129 pensiones suspendidasEl escrito recuerda que en julio de 2025 se produjo la suspensión masiva de 129 pensiones por invalidez en Salta, hecho que motivó la reacción del gobierno provincial y el inicio de la acción judicial.
Derechos fundamentales en juegoPara la Fiscalía, lo ocurrido afecta de manera directa el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad humana. Se acusa al Estado nacional de incumplir su obligación de proteger a los grupos vulnerables y de priorizar criterios meramente fiscalistas en detrimento de la inclusión.
Una medida con trasfondo político y socialEl documento sostiene que el recorte en las pensiones no contributivas forma parte de una estrategia de ajuste del Ejecutivo. "Se utilizó un acto de gobierno para generar mayor exclusión", señala el escrito, en el que se exige que la Corte intervenga de manera urgente para revertir la situación.
