El Gobierno se prepara para la movilización de este miércoles, en línea con el protocolo anti-piquetes que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la semana pasada. Se trata de la primera marcha contra el gobierno de Javier Milei, en repudio a las medidas económicas que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, y de la decisión de quitarle los planes sociales a quienes corten el tránsito para protestar.

Esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, habilitó la línea 134 para que las personas puedan denunciar en el caso de que existan amenazas y extorsiones por parte de las organizaciones sindicales para obligarlos a asistir a la movilización. Según informó esta tarde, ya recibieron 4.310 denuncias. "Estamos recibiendo a razón de 300 denuncias por hora", advirtió el vocero.

En esa línea, reiteró: "El derecho a manifestarse se respeta mientras no impida la libre circulación". Los que quieran protestar, podrán hacerlo en parques, plazas y veredas, si no podrán ser multados o incluso encarcelados. "Manifestarse es un derecho, cortar la calle es un delito. Es una pena que se ubica en los 2 a 3 años de prisión", avisó Adorni.

 

Línea 134: las denuncias por la movilización de este miércoles

"Hagan la denuncia que tenemos un equipo preparado para cada uno de los casos y actuar en consecuencia", resaltó el vocero esta mañana. Más tarde, detalló que recibieron denuncias por amenazas de tener que hacer trabajos extras y pagarle multas de $7.000 a las organizaciones sociales, en caso de no asistir a la protesta.

"Hay denuncias que indican que obligan a llevar a niños a la marcha, que si no también van a perder sus beneficios", como parte del sueldo o el beneficio del plan Potenciar Trabajo. Este mismo ya se encuentra bajo la lupa del ministerio de Capital Humano y el Gobierno comenzará a "auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales", para iniciar un proceso de eliminación de intermediarios. 

"Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esa razón, suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales" a los manifestantes, dijo la titular de la cartera, Sandra Pettovello.

Qué medidas preventivas aplicará el Gobierno ante la protesta del 20 de diciembre

"La Policía Federal Argentina, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires estarán trabajando para hacer cumplir el protocolo de Orden Público del ministerio de Seguridad", especificó Adorni. La cartera de Bullrich estará trabajando en conjunto con Capital Humano y la Secretaría de Transporte, dependiente de Infraestructura, para "trabajar de manera coordinada en la implementación de las medidas preventivas a favor de la población".

De esta manera, estarán controlando los accesos a la Ciudad, tanto por autopista como en las estaciones de tren y subtes. En ese sentido, el vocero también advirtió que "los que no tengan los papeles al día pagarán las multas correspondientes y, en el caso de corresponder, se le quitará el vehículo".

Por su parte, la provincia de Buenos Aires apuntó en contra del protocolo anti-piquetes y Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, confirmó que no lo aplicarán. "Las protestas tienen que ser con cierto orden, pero lo que han hecho sobrepasa un límite que hemos tenido en todos estos años de democracia", aseguró Bianco.

En tanto, el gobernador Axel Kicillof también sostuvo que “ninguno hace una protesta si no tiene una necesidad", pero agregó que "nadie quiere una situación de caos, por eso vamos a trabajar en la provincia para que no se produzca esa situación".

Una por una, las medidas del protocolo anti-piquetes

El ministerio de Seguridad del gobierno de Javier Milei resolvió:

• Que las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal que se ha unido a este ministerio, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, totales o parciales. "La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple y nosotros la vamos a cumplir", expresó la ministra
• De acuerdo a los códigos procesales vigentes, acudirán una nueva ley que se va a presentar a corto plazo, de acuerdo al artículo 194 del Código Penal: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años."
• Las Fuerzas Provinciales deberán actuar en las zonas de su competencia, para poder complementarse de forma ordenada con las Fuerzas Federales, "para que los argentinos sean liberados de esta situación permanente de extorsión que sufren", expresó
• "No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas. Si se corta la vía principal, se libera la vía principal", dijo Bullrich. En esa línea, insistió en que se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación y que para llevar esto a cabo, las fuerzas aplicarán "la mínima fuerza necesaria y suficiente, graduada en proporción a la resistencia"
• Serán identificados los autores, cómplices, e instigadores "de este tipo de delito", así como también los vehículos y sus conductores. Se va a proceder a "incautar a los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tengan que tener", y tomarán en cuenta vigilar estaciones de tren para quienes intenten no ser reconocidos por las Fuerzas. Esto lo harán a través de cámaras de reconocimiento facial.
•  "Sea por un bloqueo, sea por gente que viene por un plan social, sean sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa", todos serán remitidos a las autoridades de aplicación correspondientes, anunció.
• Daño ambiental: "algo que sucede de manera permanente es la quema de cubiertas, lo cual es muy dañino al ambiente y las personas alrededor", dijo, y confirmó que será una cuestión que se le va a avisar al juez competente para que lo tenga en consideración.
• Lo mismo sucederá con la presencia de niños y adolescentes. "Se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven niños en horario escolar". La ministra Pettovello anunció que "el que corta, no cobra".
• "Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones e individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las Fuerzas de Seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se tendrán que hacer cargo del costo de los operativos", anunció
• Se va a crear un registro, además, de todas las organizaciones que participen de estos hechos, "y que sistemáticamente hacen de voceros de estas manifestaciones".
• Por último, anunció que deroga "el protocolo garantista" de Nilda Garré, un protocolo de actuación para las Fuerzas de Seguridad que se oficializó durante el kirchnerismo.