En medio de la segunda Marcha Federal Universitaria crecen los cuestionamientos en torno a si el veto del presidente Javier Milei podrá ser blindado en la Cámara de Diputados, y el Gobierno se adelanta a la posibilidad del fracaso legislativo, a sabiendas de que no tienen asegurado el tercio que necesitan, y piensan llevar la ley a tribunales y recortar otras partidas.

El proyecto, que estiman que tendrá un impacto del 0,14% del PBI, será vetado en las próximas horas. La fecha límite, a diez días hábiles de que el Senado notificara la sanción, es este jueves: tendrá toda la jornada del 3 de octubre para oficializarlo en el Boletín Oficial y la oposición ayer adelantó que planean llevarlo inmediatamente al recinto, la semana que viene.

La idea de intervenir a la Justicia en el conflicto no es nueva: ya habían tomado esta posición cuando se trató el veto de jubilaciones, como contó este medio. Ahora, el financiamiento universitario entra en el análisis jurídico del Gobierno, que se ampara en la Ley de Administración Financiera, que reglamenta el Presupuesto.

En su artículo 28 establece que "todo incremento del total del presupuesto de gastos previstos en el proyecto (de Presupuesto) debe contar con el financiamiento respectivo".

"El Gobierno no está en contra del reclamo, estamos en contra de que el Congreso sancione leyes sin partida presupuestaria, leyes que no puedan financiarse", explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, y pidió que los legisladores expongan "de dónde sacan el dinero para ejecutar el aumento que proponen".

Un diputado de la UCR, en diálogo con este medio, defendió que el proyecto en realidad pide que el Gobierno cumpla con lo designado en el Presupuesto -actualizado por la inflación-. El Presupuesto fue prorrogado de hace dos años y, por ende, no tener un presupuesto actualizado le abre la puerta al Gobierno a disponer de las partidas discrecionalmente.

Con todo, el Presupuesto 2025 plantea un presupuesto del total de $3,8 mil millones para la educación. Ese monto será discutido en el Congreso porque, con una proyección de inflación del 18,3%, es insuficiente, según reclamó el Consejo Interuniversitario Nacional -que pide 3,4 mil millones más-. Pero, además, no toma en cuenta la inflación de este año y, consecuentemente, no recuperaría lo perdido en 2024 -que es lo que plantea el proyecto que ahora vetará Milei-.

Este argumento fue el que utilizó el radical para explicar por qué su espacio no está abierto a negociar un incremento en las partidas del Presupuesto 2025 a cambio de que blinden el veto de Milei, algo que sí ven con buenos ojos desde el grueso del PRO, para justificar su respaldo: "La mayoría vamos a apoyar, pero con la condición de que redireccionen la discusión", le dijeron a BAE Negocios.

En ese sentido, la estrategia de judicializar la ley pareciera tener poco futuro. Especialmente teniendo en cuenta que ese 0,14% del PBI no altera el equilibrio fiscal como sí lo hacía el proyecto que modificaba la movilidad jubilatoria, que no solo tenía un costo más alto este año, sino que además dejaba un agujero fiscal a largo plazo. Este proyecto se trata de poco más de un tercio del superávit fiscal conseguido en lo que va del año.

Sin embargo, algo que analiza el Gobierno también es recortar otras partidas para sostener el financiamiento universitario. Otra idea poco novedosa que es posible, justamente, gracias a que el país funciona con un Presupuesto dos años viejo. Por lo pronto, es más una amenaza que una certeza, puesto que de Casa Rosada no saben de dónde sacarían. Las ideas abundan: obra pública, ministerio de Salud o Defensa, algunas de las áreas contempladas para sacrificar, según le dijeron a crónica.com.ar.