Más que nunca, en 2023, el Congreso será la caja de resonancia de los grandes debates que surjan por fuera del ámbito parlamentario, con la mira puesta en los comicios presidenciales. Para el oficialismo y Juntos por el Cambio, cada vez más, la agenda legislativa quedará supeditada a los vaivenes electorales y reacomodamientos internos de las dos principales coaliciones, dejando de lado la posibilidad de aprobar, incluso, proyectos que son de interés del Ejecutivo nacional.

Las dificultades para sesionar y el alto nivel de tensión que se vivió en el último mes y medio en ambas cámaras es apenas una muestra de lo que asoma para los próximos meses. De antemano, de un sector y otro admiten que los legisladores se abocarán a las campañas en sus respectivas provincias y a la compleja tarea de desactivar o contrarrestar el discurso del adversario en plena contienda a nivel nacional. La posibilidad de encontrar un punto de acuerdo se diluye a medida que se aproxima el calendario electoral. “Lo importante ahora no pasa por acá. Perdimos la oportunidad de tratar temas centrales para los argentinos”, apunta con pesadumbre uno de los diputados oficialistas que más dialoga con la oposición.      

El anuncio de hace unos días del presidente Alberto Fernández sobre la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar un proyecto de la coparticipación quedó opacado con los nuevos chats entre el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Aunque los actores son más o menos los mismos, la supuesta estrategia conjunta para favorecer a la principal fuerza opositora en la pelea con el Frente de Todos por los lugares en el Consejo de la Magistratura -que fue develada  a través de los recientes mensajes difundidos- puso en suspenso la pelea entre la Nación y la Ciudad tras el fallo del Máximo Tribunal por los fondos coparticipables.

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, aprovechó el tropiezo de D’Alessandro, que vuelve a quedar expuesto luego de  su viaje al Lago Escondido con un grupo de jueces federales, y retomó su discurso sobre el vínculo espurio entre el Poder Judicial y Juntos por el Cambio. Como primera medida, el interbloque de senadores del Frente de Todos anunció que denunciará al funcionario porteño y a Robles por la “posible comisión de los delitos de prevaricato, incumplimiento de funcionario público, mal desempeño, tráfico de influencias, entre otros”.

“También, habiendo quedado a la vista que el ‘asesoramiento y sugerencias’ efectuadas por parte del vocero de Rosatti a JxC para cumplir con el objetivo de favorecer y forzar el destino de la representación de la banca del Consejo de la Magistratura en favor del senador Luis Juez y Humberto Schiavonne del bloque Pro y, habiéndose cumplido por parte de estos senadores, cada uno de los pasos indicados por ese funcionario judicial, evaluaremos en las próximas horas la responsabilidad de ambos senadores en el marco de este escándalo que no tiene parangón en la historia reciente de nuestras instituciones”, señalaron los senadores oficialistas mediante un comunicado.

El propio jefe de Estado dio un paso más en ese sentido en el primer día de 2023, al anunciar que impulsará el juicio político contra Rosatti “para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones”.

En Diputados, el bloque oficialista también condenó en duros términos el accionar de D’Alessandro, Robles y Rosatti, a la vez que se centró en otra discusión, también por fuera de la agenda parlamentaria. Atentos a las internas de Juntos por el Cambio, un grupo de legisladoras del Frente de Todos solicitó excluir de la cámara a Gerardo Milman por “inhabilidad moral” a raíz de su supuesta vinculación con el atentado contra Cristina Kirchner.

De un modo o de otro, en cualquiera de los temas que involucran a la Justicia, el oficialismo ya le hizo saber a Juntos por el Cambio que el viento a favor que ese espacio viene teniendo en materia judicial no será sin resistencias. Incluso, en el Frente de Todos -con internas y todo- están dispuestos a sacrificar la discusión de algunos de los proyectos que anhela el Ejecutivo nacional en pos de debilitar a la coalición opositora.

El proyecto de ley de blanqueo, que promueve el ministro de Economía, Sergio Massa, y la que fomenta el desarrollo de la agroindustria están en carpeta para ser tratadas en sesiones extraordinarias, aunque pocos en el oficialismo creen que consigan debatirlas. “La oposición quiere un Congreso paralizado, que no funcione, como lo viene demostrando en el último mes”, denuncian desde el Frente de Todos. En Juntos por el Cambio admiten que en las actuales condiciones no están dispuestos a facilitarles el quorum para discutir ninguna iniciativa.

“Ellos tienen la responsabilidad de que el Parlamento funcione. Tienen que convocar al diálogo y consensuar, pero sobre todo dejar de agredir a la oposición”, planteó a este diario una diputada del radicalismo, partido que procura quedar al margen del escándalo de los chats de D’Alessandro, al igual que la Coalición Cívica. En PRO son más tajantes en cuanto al vínculo con el Frente de Todos: “Que no cuenten con nosotros. Está todo roto y va a ser peor cuando comencemos a definir los candidatos”.