El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, esquivó su destitución luego de que el Parlamento de ese país no consiguiera los 92 votos necesarios para sacarlo del poder.

Tras un extenso debate, que comenzó el pasado sábado, la AN sometió a votación esta madrugada la moción para destituir al mandatario, pero no se llegó a los votos favorables de las dos terceras partes de los parlamentarios, según establece la ley local.

Luego de tres votaciones, debido a una solicitud de rectificación y otra de reconsideración del proceso, los resultados definitivos fueron 80 votos afirmativos, 48 negativos y 9 abstenciones.

La solicitud para llevar a cabo el debate en el pleno sobre la destitución de Lasso fue hecha por la bancada de la Unión por la Esperanza (Unes), en medio del paro nacional indefinido que se lleva a cabo desde el pasado 13 de junio, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y al que se han sumado otros colectivos sociales.

Unes sustentó su petición en el artículo 130 de la Constitución del país, que establece que el Parlamento puede destituir al mandatario en caso de grave crisis política y conmoción interna, entre otros fundamentos.

Este mecanismo de destitución se conoce en Ecuador como "muerte cruzada". Si el fin del mandato era aprobado en la AN, el vicepresidente asumía la Presidencia de la República y en un plazo de siete días el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendría que haber convocado para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.

El mecanismo también puede ser utilizado por el mandatario. El artículo 148 de la Constitución da la facultad al presidente de disolver el Congreso. En caso de hacerlo, también se convocarían elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.

Por su parte, el presidente celebró la decisión del Parlamento y afirmó en sus redes sociales que en esta jornada se defendió la democracia y  "prevaleció la institucionalidad del país".

En tanto, sigue el paro por tiempo indeterminado de las organizaciones indígenas y otros colectivos contra la política económica del gobierno de Lasso.

El lunes se instaló una mesa de diálogo entre el Gobierno y representantes de la Conaie, de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine).

En ese primer encuentro, el Ejecutivo, representado por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y el secretario de Administración Pública, Iván Correa, aceptó derogar el Decreto 95, emitido por Lasso el año pasado, en el que se expidió la política de hidrocarburos. La derogación era una de las exigencias del movimiento indígena.

No obstante, no se alcanzó un acuerdo respecto a la reducción y congelamiento de los precios de los combustibles, antes de que las negociaciones se suspendieran por hechos de violencia.

De acuerdo con la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que ha denunciado fuerte represión policial y militar durante las protestas, hasta el martes se registraban cinco muertos, 313 heridos y 147 detenciones.