La Cámara de Diputados reunirá este miércoles al plenario de comisiones que deberá emitir dictamen sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que se tratará mañana, en una sesión especial que marcará el regreso de la presencialidad.

Las comisiones de Legislación General, de Salud Pública, de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad se reunirán a las 16:30 y firmarán los dictámenes sobre el proyecto, para el cual se descuenta que habrá mayoría a favor en el plenario.

La reunión permitirá medir la temperatura del debate que se desarrollará al día siguiente y cuya extensión todavía no está clara: se habla de unas 30 horas de exposiciones pero al mismo tiempo se buscan alternativas para acotarlo, en atención a lo que fue el tratamiento de 2018.

Hasta el momento, se cuentan unos 123 diputados a favor del proyecto, 109 en contra y 24 indefinidos, y se requieren 129 votos para aprobar la iniciativa y girarla al Senado.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mantiene conversaciones con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el vicejefe de Gobierno porteño a cargo de la misma cartera, Diego Santilli, en torno al operativo que se desplegará frente a la movilizaciones que se esperan.

El debate en las comisiones se inició el 1 de diciembre pasado, con la participación de ministros del Poder Ejecutivo y expositores a favor y en contra de la legalización, en un trámite más veloz que en 2018, cuando se trató por primera vez. El proyecto establece que las personas con capacidad de gestar tendrán derecho a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto, y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.

La práctica se permitirá hasta la semana 14 inclusive y fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. En caso de menores de 13 años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal y en los casos de adolescentes de entre 13 y 16 se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento.

El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia y deberá mantener su decisión en todos los ámbitos (público y/o privado) en que ejerza su profesión y derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional, sin dilaciones. El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.

Las obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, que quedará incluida en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total.