La diputada nacional libertaria Mercedes Llano presentó un proyecto de ley que prohíbe que personas afiliadas a partidos político puedan ocupar cargos de alto rango en la Justicia en organismos de control.

La iniciativa establece esa prohibición para quienes desempeñen tareas en las magistraturas del Poder Judicial de la Nación, como la Corte Suprema de Justicia.

Según la propuesta de la legisladora de La Libertad Avanza, tampoco sería compatible pertenecer a un partido político y al mismo tiempo integrar la Defensoría del Pueblo de la Nación, en la Auditoría General de la Nación, en la Sindicatura General de la Nación y en la Oficina Anticorrupción.

En el proyecto se establece que un afiliado a un partido no podrá ser nombrado como autoridad superior de los entes reguladores y de los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional y de los servicios públicos concesionados; ni autoridades superiores de los organismos administrativos que ejerzan funciones jurisdiccionales.

Los cargos "no podrán ser ocupados por personas que dentro de los 10 años anteriores al pretendido nombramiento hubieran sido afiliados a partidos políticos; precandidatos; candidatos; ocupado efectivamente puestos electivos, de confianza política o de carrera, ya sean temporarios o permanentes; y/o contratados; en cualquiera de los tres poderes del Estado Nacional" y "siempre que no hayan sido obtenidos por concurso público de oposición y antecedentes".

Las restricciones estarán exceptuadas "a aquellos individuos que puedan demostrar su idoneidad en la materia a través de certificaciones, credenciales académicas y/o experiencia profesional relevante, emitidas por instituciones reconocidas y válidas en el ámbito correspondiente".

El proyecto también lleva las firmas de los diputados libertarios Lilia Lemoine, Lorena Villaverde, Alida Ferreyra, María Emilia Orozco, Carlos García y Julio Moreno Ovalle.

En los fundamentos de la iniciativa, Llano define a la "carencia política" como "la situación de exclusión que afectará a individuos con vínculos recientes a partidos políticos, candidaturas o desempeños en cargos públicos durante los últimos diez años, impidiendo su acceso a determinados puestos en el Estado Nacional, comprendido en sentido amplio".